La pensión media del sistema de la Seguridad Social en España se sitúa en 1.308,2 euros mensuales, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a marzo del año pasado. Según los datos facilitados este martes, el número de pensiones abonadas asciende a 10.313.634, con una nómina total de 13.492,5 millones de euros.
El sistema cubre a más de 9,3 millones de pensionistas, de los cuales 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres. La pensión media de jubilación alcanza los 1.502,2 euros, aunque presenta diferencias según el régimen de cotización. En el Régimen General asciende a 1.662,3 euros, mientras que en el de Autónomos se sitúa en 1.007,1 euros. La Minería del Carbón presenta la pensión más elevada, con 2.896,5 euros, y el Régimen del Mar alcanza los 1.660,6 euros. Por otro lado, la pensión media de viudedad es de 933 euros al mes.
En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media registrada en febrero fue de 1.761,5 euros. Además, las jubilaciones demoradas representan ya el 11,3% del total, el doble que en 2019 (4,8%). Este aumento se debe a los incentivos aprobados en 2022, que han contribuido a elevar la edad media de jubilación hasta los 65 años.
Un total de 976.975 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, con un 88,7% de beneficiarias mujeres. Este complemento, en vigor desde 2021, tiene una cuantía media de 75,5 euros mensuales y varía en función del número de hijos.
Por otro lado, el Régimen de Clases Pasivas, que cubre a funcionarios del Estado y personal militar, abonó en febrero una nómina de 1.667,42 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,07% respecto al año anterior.
El sistema de Clases Pasivas, que incluye a funcionarios del Estado y personal militar, también ha experimentado un incremento en su gasto. En febrero, la nómina de estas pensiones ascendió a 1.667,42 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,07% respecto al año anterior.
Los datos reflejan el impacto del envejecimiento de la población en el sistema de pensiones y el esfuerzo del Estado por garantizar su sostenibilidad, mientras continúa el debate sobre las reformas necesarias para asegurar su viabilidad a largo plazo.
