Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, generará el nuevo real decreto que regula la ventanilla única digital para el registro de alojamientos turísticos de corta duración. Tras una jornada celebrada esta semana en la sede del Ministerio de Vivienda, las autonomías alertan de un contexto de “caos e incertidumbre” provocado por la inminente entrada en vigor de la norma, prevista para el próximo 1 de julio, en plena temporada alta.
Los representantes autonómicos han reclamado de forma unánime la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el ministro Jordi Hereu, para abordar las implicaciones del decreto y tratar de corregir sus efectos. Además, consideran imprescindible incluir al sector privado en este proceso, así como constituir un grupo de trabajo único en el que participen todas las partes implicadas: administraciones autonómicas, plataformas de comercialización y representantes del sector turístico.
Entre los principales reproches destacan la improvisación del Gobierno central, la falta de previsión jurídica y el escaso liderazgo del Ministerio de Turismo. Las CCAA critican también la fórmula jurídica elegida para implementar la ventanilla única, al considerar que supone una “intrusión competencial” de agentes externos —como los registradores de la propiedad— en funciones que corresponden legalmente a las autonomías.
En el encuentro celebrado en el Ministerio, lejos de aclararse el marco normativo, los participantes constataron una notoria falta de coordinación entre administraciones y una carencia de información clara para garantizar la seguridad jurídica en la aplicación del texto. Entre otras cuestiones, denuncian la falta de criterios definidos sobre registros, uso de los inmuebles y gestión de datos, así como la ausencia de un régimen sancionador efectivo que permita actuar frente a la publicidad de alojamientos turísticos ilegales en plataformas online.
Aunque las comunidades del PP comparten el objetivo, recogido en el reglamento europeo de próxima aplicación, de regular y registrar correctamente los alojamientos turísticos, rechazan el enfoque del decreto nacional y piden su revisión antes de que entre en vigor. Según subrayan, el modelo propuesto puede generar duplicidades administrativas, costes innecesarios y una pérdida de confianza tanto en el sector como en los propios destinos turísticos.
