El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para incluir, por primera vez, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental garantizado por los poderes públicos.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Igualdad, contempla añadir un apartado cuarto al artículo 43, dentro del Título I de la Carta Magna. El nuevo texto reconoce el derecho de las mujeres a abortar y obliga a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad efectiva y seguridad jurídica.
Un derecho vinculado a la salud pública
La ministra Ana Redondo ha subrayado que esta reforma refuerza el vínculo entre el derecho al aborto y el sistema sanitario público. Según ha explicado, cada comunidad autónoma deberá contar con al menos un hospital público de referencia para realizar estas intervenciones, tal como ya contempla la legislación vigente.
Además, ha señalado que el reconocimiento constitucional busca evitar retrocesos en el acceso a este derecho, especialmente ante iniciativas autonómicas que han intentado limitarlo, como la imposición de escuchar el latido fetal o la negativa a registrar objetores de conciencia.
Tramitación parlamentaria y posibles escenarios
La reforma seguirá el procedimiento ordinario, que requiere informe del Consejo de Estado y aprobación por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. Si no se alcanza ese consenso, se abriría la vía de una Comisión Mixta para elaborar un texto alternativo. En última instancia, podría aprobarse con mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. También existe la posibilidad de convocar un referéndum si lo solicita al menos una décima parte de los diputados o senadores.
Contexto internacional y aniversario simbólico
Redondo ha enmarcado la iniciativa en un contexto internacional de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, citando ejemplos en Estados Unidos y Europa. La ministra ha recordado que este año se cumplen 40 años de la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo en España (1985) y 50 años de democracia, reivindicando el papel del movimiento feminista en la conquista de estos derechos.
