La Policía Nacional ha detenido a 29 personas en las provincias de Córdoba y Sevilla por captar ciudadanos extranjeros para explotarlos en distintas campañas de trabajo. Las víctimas acudían a España bajo la promesa de un trabajo digno y de unas condiciones de vida prósperas, pero los miembros del grupo aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales.
Las investigaciones comenzaron durante los meses de enero y febrero tras diversas inspecciones de trabajo realizadas en la localidad cordobesa de Palma del Río durante la recogida de la naranja. Fue entonces cuando los agentes accedieron a diversos testimonios de los trabajadores que manifestaron algunas de las condiciones a las que eran sometidos. Aseguraron trabajar durante interminables jornadas sin comida ni agua y cobrando cantidades muy por debajo de lo estipulado.
A raíz de estas informaciones se pudo comprobar las condiciones en las que los trabajadores eran trasladados a las fincas. En vehículos aptos para ocho personas metían hasta a 15 trabajadores, utilizando incluso el maletero para transportarlos. Igualmente se pudo confirmar que, a pesar de las elevadas temperaturas durante los meses de julio y agosto en las provincias de Córdoba y Sevilla, trabajaban en muchas ocasiones desde el mediodía hasta la puesta del sol, sin acceso ni siquiera a agua, por lo que algunos de ellos acababan sufriendo desvanecimientos, insolaciones o deshidratación.
Tras una exhaustiva investigación, los agentes comprobaron que se trataba de una organización formada por ciudadanos de origen sudamericano, quienes, una vez que captaban a los trabajadores, los movían entre algunas de sus empresas situadas en distintas localidades de las provincias de Córdoba y Sevilla. Esta organización estaba formada tanto por empresarios que utilizaban sus sociedades, como por “manijeros” que estaban a pie de trabajo imponiéndoles las condiciones laborales y lucrándose de esa situación.
Los miembros de la organización registraban de manera fraudulenta a los trabajadores en la Seguridad Social para lograr beneficios y poder darlos de alta en las empresas que ellos controlaban. Sin embargo, percibían un salario diario sensiblemente inferior al percibido por las tareas agrícola. De ese modo, los empresarios se aseguraban tener a todos los trabajadores dados de alta de cara a futuras inspecciones de trabajo, defraudando a la Seguridad Social al generar futuras prestaciones sin tener los requisitos para poder trabajar.
Hacinamiento
Con toda esta información, los agentes efectuaron cuatro registros en Sevilla capital y en Dos Hermanas. Dos de ellos se practicaron en domicilios de los investigados donde intervinieron diversa documentación. Un tercer registro se realizó en la gestoría encargada de efectuar las altas en el Sistema de la Seguridad Social de las dos principales empresas investigadas, interviniendo numerosa documentación tanto en formato físico como digital. El cuarto registro se llevó a cabo en una nave industrial de la capital sevillana, donde se encontraban hacinados varios de los trabajadores. Allí se pudo comprobar las condiciones infrahumanas del lugar, el cual constaba de tres plantas, donde convivían más de 30 personas a pesar de contar con un solo aseo, durmiendo en el suelo y sin apenas comida.
A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración clandestina.
