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El Constitucional suspende el referéndum de Cataluña

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photo_camera El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, junto a su sucesor, Carles Puigdemont/ C.A.

La solución se aprueba después de que Constitucional admitiera a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por Gobierno central contra la decisión del Parlament de convocar un referéndum sobre la independencia catalana en 2017.

Estrella Digital/Andrea Morea

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente y por unanimidad la resolución del Parlament de Cataluña que establecía la celebración de un referéndum en 2017 sobre la independencia. La solución se aprueba después de que Constitucional admitiera a trámite el incidente de ejecución de sentencia  presentado por Gobierno central contra la decisión del Parlament.

Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC, ha notificado esta decisión a Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, y a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, a quienes ha advertido de que en caso de no seguir las directrices marcadas por el Tribunal incurrirían a responsabilidades penales. 

Esta suspensión cautelar es consecuencia directa del artículo 161.2 de la Constitución, que determina que cuando el Gobierno central impugna ante el Constitucional alguna disposición o resolución de una comunidad autónoma, esta quedará suspendida de manera automática durante un plazo no superior a cinco meses. De esta manera, el TC ha recordado al Parlament su deber de "paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.

La iniciativa del referéndum fue secundada por Junts pel Sí (JxSí), la CUP y la abstención de Catalunya Si Que Es Pot. Su celebración se produciría a lo largo del año que viene, a más tardar el 17 de septiembre y, en caso de que fuera favorable a la independencia, se celebrarían unas "elecciones constituyentes" seis meses después. 

A partir de ahora, la presidenta del Parlament de Cataluña, los miembros de la Mesa del Parlament y el secretario general de la Cámara autonómica tienen veinte días para emitir los informes acerca de si las actuaciones parlamentarias, que dieron lugar a la aprobación de la Resolución 306/XI, han contravenido la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba la declaración independentista del Parlament del 9 de noviembre del mismo año.

Sin embargo, no es la primera vez que el Parlament se ve afectado por las advertencias del Constitucional ya que, en octubre, la Fiscalía se querelló contra Forcadell por permitir la votación del proceso soberanista a pesar de la prohibición que existía por parte del Tribunal Constitucional. Por este motivo, la presidenta del Parlament está citada para este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como imputada. 

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