El Tribunal de Cuentas ha decretado el embargo provisional de la casa del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, con el fin de cubrir los 2,4 millones de euros que le restaban para hacer frente a la fianza de 5.275.666 euros impuesta por la organización del proceso participativo del 9-N.
Fue el propio Mas quien puso su domicilio como garantía de cara a cubrir las responsabilidades a las que podría ser condenado en este procedimiento contable y podrá seguir viviendo en el inmueble de la calle de Tuset de Barcelona. Tal como resalta El Periódico, pese a los llamamientos públicos del dirigente convergente para cubrir la fianza fijada, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) solo pudo reunir 2.331.078 euros en efectivo.
El Tribunal de Cuentas también ha embargado las viviendas facilitadas por los 'exconsellers' Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, así como por el entonces secretario de Presidència, Jordi Vilajoana, para completar la cantidad en la que el órgano fiscalizador fijó los costes del 9-N. En concreto, Homs ha aportado la mitad de un inmueble en Taradell (Osona); Ortega, una finca en Barcelona, y Rigau, otra en Ribes de Fresser (Ripollès).
Fuentes de la defensa señalaron que la voluntad de todos ellos era que no hubiera de requerirse garantías a los otros altos cargos de la Generalitat que fueron sus subordinados y contra los que también se dirige el procedimiento contable iniciado con la denuncia de Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.
El expresidente de la Generalitat ha afirmado en un acto de campaña de Junts per Catalunya: “Ya nos juzgaron por la vía penal, ya nos inhabilitaron, pero no contentos con ellos, ahora quieren echarnos de casa”. Además, el expresident de la Generalitat ha advertido: “Están mirando de ver como nos ponen a los que ya no estamos en la primera línea política dentro del proceso penal del 1-O”, ha lamentado.
El Tribunal de Cuentas impuso una fianza de 5,25 millones a Mas y sus 'exconsellers' por el uso de fondos públicos para sufragar la consulta del 9-N. La cantidad se divide en partidas, la más alta es la relativa a la adquisición de ordenadores para las mesas de votación, que asciende a 3.044.399,09 euros.
Fuente: Mundiario
