El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalitat a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.
Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas este sábado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.
El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación.
El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España. "Ambos concurren en el presente caso", asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto.
Subraya el Ejecutivo el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat. Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España".
"Han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno", aduce el Gobierno. Cumplir la ley, agrega, es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven.
Por ello, el Gobierno hace hincapié en la necesidad de garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. "Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía", añade.
Además, el Gobierno ha asegurado asegura que las medidas que se aplicarán para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución son "garantistas" ya que responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.
