#OperacionesGC | Investigada una persona por dirigir una residencia de mayores clandestina en un chalet particular de la provincia de Alicante
— Guardia Civil (@guardiacivil) May 8, 2024
➡️Había contratado irregularmente a varios trabajadores sin formación para el cuidado y atención de casi una decena de ancianos de… pic.twitter.com/K9jiIjcLgD
La Guardia Civil ha investigado a una mujer como responsable de una residencia de mayores ilegal que operaba desde un chalet particular en la comarca de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante. Ejercía como gerente de esta residencia clandestina, donde se atendía a casi una decena de ancianos de nacionalidad alemana.
Esta persona, una suiza de 70 años, incluso llegó a contratar irregularmente a varios trabajadores sin formación para atender a los ancianos. Los agentes de la Guardia Civil la investigan por los delitos de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores.
Además, ejercía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, llegando incluso a estafar 9.500 euros a alguno de ellos y transfiriendo el dinero a su cuenta personal.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí comenzó la operación «Geranio 24» con el fin de investigar y aclarar la actividad irregular en este chalet particular.
Los guardias civiles han realizado un registro en la vivienda junto a inspectores de la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana en el que han localizado nueve residentes ancianos alemanes y a varios trabajadores ejerciendo ilegalmente como cuidadores.
Los agentes han intervenido gran cantidad de documentación para su análisis y solicitado el bloqueo judicial de las cuentas bancarias.
La gerente de la residencia ilegal ha sido investigada por los delitos de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores. El Juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela es el encargado de instruir la investigación. La inspección de Servicios Sociales ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, instando al cierre del negocio.
