El 24 de junio se cumple un año de la masacre de Melilla. Un año de las graves vulneraciones de derechos humanos que se saldaron con la muerte y ejecución extrajudicial de al menos 37 personas, 77 víctimas de desaparición forzada, cientos sometidas a la denegación de auxilio, a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes. La mayoría eran personas procedentes de Sudán que buscaban refugio. Muchas de ellas menores de edad, que fueron expulsadas ilegalmente y a quienes se les impidió ejercer su derecho a solicitar asilo.
La masacre de Melilla, es "la vulneración de derechos humanos más grave de los últimos tiempos” en suelo europeo, de acuerdo con la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, como también sostiene el movimiento antirracista y múltiples organizaciones de derechos humanos en el Estado español, organismos internacionales y relatores especiales de Naciones Unidas. A pesar de ello, el Estado español ha incumplido su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y reparar el daño.
Esta masacre, del mismo modo que la del Tarajal y otras que la antecedieron, demuestra el carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea y ejecutadas por los estados miembros, así como por terceros países, Marruecos entre ellos, subcontratados con el objetivo de dificultar e impedir la movilidad del Sur al Norte global y de ejecutar el expolio de bienes y recursos en la dirección opuesta.
Más de 300 organizaciones firman el manifiesto 24J
Las organizaciones firmantes denuncian que las personas supervivientes expulsadas de forma ilegal eran, en su gran mayoría, buscadoras de refugio, procedentes de Sudán, un país inmerso en un conflicto armado que se ha ensañado durante años contra la población civil. Una realidad reconocida por el Estado español, que en los últimos cinco años, según datos del Ministerio del Interior, ha concedido el 90 % de estatutos de protección internacional a las personas sudanesas que han conseguido llegar a territorio español para solicitar asilo, a pesar de la discriminación en la concesión de visados que sufren las personas refugiadas negras en relación con otras poblaciones perseguidas.
Además, las entidades que apoyan el manifiesto señalan que ninguno de los responsables ha sido investigado y gozan de la más absoluta impunidad.
Por otro lado, a pesar del anuncio de la Fiscalía General del Estado de su intención de investigar los hechos, el 23 diciembre de 2022, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez archivó las diligencias sin exigir una investigación judicial. Se trata de una decisión que incumple el deber de debida diligencia del Estado y vulnera el derecho de acceso a la justicia para las víctimas.
El Estado español también ignora deliberadamente sus propias responsabilidades internacionales y atribuciones jurisdiccionales en materia de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional, hasta tal punto que continúa sin abrir una investigación independiente e imparcial que permita a las víctimas y a sus familiares acceder a la verdad, la justicia y la reparación, como única vía para garantizar la no repetición de otra masacre. Unamos a esto que, salvo en un caso el resto de las familias de las víctimas no han encontrado, identificado ni enterrado a sus muertos.
Por todo ello las organizaciones firmantes exigen el cese del ministro del Interior Grande-Marlaska y su eliminación de listas electorales en las próximas elecciones; el compromiso público de los partidos políticos con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación y la apertura de mecanismos de investigación independientes.
La concesión inmediata de protección internacional para todas las personas sobrevivientes de la masacre, así como el traslado a España de Basir, uno de los supervivientes de la masacre, solicitante de asilo y que tras denunciar vía judicial su caso, sigue sin poder salir de Marruecos, son otras de las exigencias expresadas. También lo es la puesta a disposición de las familias de las víctimas de los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, y para la identificación y recuperación de sus cuerpos.
Además, el citado manifiesto exige que se incorpore la implementación efectiva de los medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticas, a través del artículo 38 de la Ley de Asilo, así como la creación de otros mecanismos legales y seguros para obtener visados y solicitar protección internacional en España desde otros estados; la eliminación del mecanismo específico de devoluciones y expulsiones en Ceuta y Melilla; el fin de las expulsiones y devoluciones ilegales en todo el territorio español, y la erradicación de cualquier forma de discriminación racial en el acceso a la protección internacional.
A juicio de las organizaciones firmantes son precisos recursos suficientes, eficaces y descentralizados a disposición de las personas víctimas de persecución y vulneraciones de derechos humanos, así como eliminar las barreras que impiden acceder a la Administración para solicitar asilo. También se exige el cierre de los centros racistas de privación de libertad de personas extranjeras conocidos como Centros de Internamiento de Extranjeros.
Con respecto a la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el manifiesto señala la necesidad de priorizar el respeto a los derechos de las personas en procesos de movilidad humana, así como sobre la lucha contra la impunidad de los graves crímenes internacionales perpetrados por agentes estatales de y en Estados miembros.
Acciones convocadas en Melilla y en otros territorios
La I Marcha por la Justicia partirá a las 18:30 desde la Plaza de la Hermandad de la Ciudad Autónoma hacia el paso fronterizo Barrio Chino, que es donde se produjo la masacre.
Además, se llevará a cabo un programa de actos a lo largo del fin de semana que contará con la presencia de la sociedad civil y colectivos de Melilla, junto a los de otros territorios de la península. También se sumarán las personas participantes en la Caravana Abriendo Fronteras y la organización italiana Carovane Migranti, que este año han puesto el foco en Melilla para iniciar su ruta de denuncia de vulneración de los derechos humanos.
El sábado día 24 los actos comenzarán a las 10:30, con una mesa redonda bajo el título “Un año tras el 24J: Verdad, memoria y justicia antirracista. No más impunidad”. La activista Quinndy Akeju moderará la mesa en la que participarán Hussein Mohamed, Omar Naji y Louelia MintElMamy, entre otros. El lugar de celebración puede consultarse en los perfiles de redes sociales de las entidades convocantes y también en el de la Caravana abriendo fronteras ( @caravanaabriendofronteras ).
Ya el domingo se desarrollarán dos acciones, un encuentro con testimonios de fronteras a las 11 de la mañana en el parque Miguel Hernández, en el que está prevista la participación, entre otras, de Zahra Barati, hermana de un fallecido en el naufragio de Cutro el 26 de febrero, y Maria Herrera Magdaleno, madre de 4 desaparecidos en la frontera mexicana, activista referente en la red de colectivos de familiares de personas desaparecidas; y un Círculo de Silencio, a las 19:00 en la Plaza Menéndez Pelayo.
En el apartado internacional, diferentes organizaciones europeas participarán en el Foro Social Magrebí sobre Migración que se celebrará los días 23, 24 y 25 de junio en la ciudad de Nador, Marruecos, bajo el lema: "Nunca más "Bario Chino", Por un Magreb libre de odio, xenofobia y racismo".
