De momento no hay 'matarile' que valga pero, como las llaves de la canción, nadie sabe en estos momentos dónde está el expresidente del Parlament catalán Carles P. Euigdemont. Eso sí, si este lunes no aparece en Madrid sus problemas pueden aumentar, ya que la Fiscalía está dispuesta a pedir orden de prisión contra él.
Una de las pocas personas que podría saber su paradero, después de que abandonara este domingo el hotel en el que se alojaba en Bruselas, es Paul Bekaert, el abogado belga que contrató el pasado lunes, que ha reiterado este domingo que el ex president, a diferencia de lo que harán los que fueron sus concelleres, no acudirá mañana a declarar en la Audiencia Nacional.
Según él, "no va a ir a Madrid, y sugiero que sea interrogando aquí, en Bélgica. Es posible". Esas declaraciones recogidas por AP no hacen sino ratificar lo que dijo en la víspera en una entrevista con una televisión flamenca, donde subrayo que "he llevado los casos de ciudadanos vascos y han declarado aquí mismo, ante la policía belga".
Lo que pretende el expresidente de la Generalitat de Cataluña es directamente declarar a través de un plasma, en videoconferencia, pero esa medida está totalmente descartada por la Fiscalía ya que no encuentra ningún motivo por el que no pudiera personarse en Madrid. De no hacerlo ya se precisa que se daría este mismo lunes orden de prisión contra él.
Tampoco tienen sentido para la Fiscalía las palabras de Paul Bekaerts de que "es bastante obvio que mi cliente va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa".
Hay que recordar que la juez Carmen Lamela había citado el jueves y viernes como investigados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros 13 exconsejeros del Govern contra los que ayer se querelló la Fiscalía en la Audiencia Nacional por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional había adoptado esta decisión en un auto en el que se declara competente para investigar la querella de la Fiscalía General del Estado y en el que acuerda estas primeras diligencias, es decir, la citación de los 14 querellados esos dos días, a las 9 de la mañana, y también la celebración de una vistilla de medidas cautelares tras su declaración.
El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y de otros seis exconsellers, había asegurado a primeras horas del miércoles que tenía "serias dudas" de que mañana fueran a practicarse declaraciones en la Audiencia Nacional porque solo uno de los exconsellers ha recibido la citación, el de Territorio Josep Rull, pero con el paso de las horas todos fueron confirmando que las habían recibido y que estarían presentes en la capital de España para declarar.
Alonso-Cuevillas, en declaraciones a Catalunya Ràdio, justificaba la no presentación de sus defendidos porque, según él, en esta causa, una Justicia que se caracteriza por lenta, "ha puesto el turbo", y ha criticado, lo que a su juicio demuestra que "no estamos ante un trato igualitario y "no se están respetando los más mínimos elementales derechos de las personas en un Estado de Derecho".
Ha señalado además que ha tenido conocimiento de la querella a través de la prensa, y ha cuestionado que la "Fiscalía General del Estado, antes de presentarla al propio juzgado, de comunicarla a los afectados, la filtró con esa desafortunada nota de prensa que decía 'Más dura será la caída", y el auto de admisión a trámite de la querella también lo ha conocido a través de la prensa.
Los investigados
Lamela se ha hecho cargo de la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que hasta ahora cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero; la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre.
De este modo, este martes han sido admitidas las dos querellas que este lunes presentó la Fiscalía en el Supremo y la Audiencia Nacional contra los responsables en el proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en 2015.
El Supremo se ha declarado esta mañana competente para investigar por estos hechos a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, que también han sido citados a declarar el próximo jueves y el viernes.
En su auto, Lamela precisa que los 14 declararán como investigados y también a los efectos de celebrar vistillas de medidas cautelares de carácter personal, en las que la Fiscalía puede pedir medidas como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en el juzgado o su ingreso en prisión preventiva.
La magistrada acuerda también fijarles una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza.
Además, ordena incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament de Cataluña en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
En su auto, Lamela explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.
Por ello, encaja estos hechos en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, competencia de la Audiencia Nacional.
La magistrada recuerda que "la admisión a trámite de una querella no constituye, todavía y en todo caso, un acto de imputación judicial", cosa que no ocurre hasta "la comprobación de la existencia de datos que avalen la realidad de los hechos imputados".
De una manera inicial, la juez concluye que los querellados "urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre".
Según Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera "seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación".
Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por la Fiscalía.
Procede además a incorporar la querella a la causa donde ya investiga por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium, teniendo en cuenta que los hechos "se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados".
