La situación de las viviendas Asimiladas Fuera de Ordenación (AFO) ha protagonizado una de las interpelaciones del pleno de control al Gobierno correspondiente al mes de marzo. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha vuelto a insistir en la necesidad de aplicar esta figura jurídica para dar respuesta a la situación de decenas de construcciones que, pese a no contar con licencia urbanística o haber contravenido sus condiciones, pueda acceder a suministros básicos.
La portavoz del grupo socio de Gobierno de Vivas, Nadia Mohamed, lamentó que el Ejecutivo local siga sin poner en marcha un mecanismo que, según defendió, permitiría a muchas familias acceder a servicios básicos como el suministro eléctrico, el agua o el saneamiento. “En 2021 trasladamos una propuesta para reconocer esta figura del AFO. No es una legalización plena, pero sí una regularización administrativa que otorga ciertos derechos esenciales a los propietarios”, recordó.
Mohamed insistió en que el problema no es nuevo ni menor. “Hay familias en Ceuta que llevan más de tres generaciones residiendo en viviendas que no tienen acceso a la luz o al agua corriente. Estamos hablando de personas que pagan sus impuestos y que merecen que su situación se regularice. No pedimos que se legalice a cualquiera que levante cuatro paredes sin control, sino que se dé solución a casos consolidados y humanamente urgentes”, señaló.
La diputada reprochó al Gobierno su inacción, pese a haber contado con un acuerdo plenario favorable desde hace años. También recordó que otras comunidades autónomas, como Andalucía, ya aplican esta figura jurídica a través de un decreto específico. “Proponíamos incluso la creación de una comisión técnica antes de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para iniciar los trámites. Pero, a día de hoy, seguimos sin respuestas”, criticó.
En su turno de réplica, el portavoz del Gobierno y consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, explicó los motivos por los que la Ciudad aún no ha podido activar la figura del AFO. Según detalló, la normativa vigente limita la capacidad de Ceuta para regular esta situación por sí sola.
“En su día, en 2013, se intentó recoger esta posibilidad en una ordenanza municipal. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia nos obligó a eliminar el artículo que la contemplaba por motivos competenciales”, explicó Ramírez. “No tenemos margen legal para regular situaciones fuera de ordenación si no contamos con una habilitación expresa del Estado”, añadió.
Pese a ello, Ramírez aseguró que desde el área de Fomento se han realizado consultas a expertos y se está trabajando para que la reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que se tramita actualmente a nivel estatal incluya una disposición adicional que habilite a Ceuta y Melilla a desarrollar reglamentariamente una solución propia. “Esa sería la vía más rápida y eficaz para atender esta necesidad”, apuntó.
El consejero también aclaró que existen dos tipos de situaciones: las viviendas que han quedado fuera de ordenación por una modificación normativa reciente, que sí pueden obtener cédula de habitabilidad, y aquellas construidas ilegalmente antes de la aprobación del actual PGOU, que son las que presentan mayores dificultades. “Estamos hablando de casos donde han prescrito ya las acciones administrativas, pero que siguen sin acceso a servicios básicos. Con un procedimiento claro y unos requisitos mínimos, podrían regularizarse parcialmente para garantizar derechos esenciales”, concluyó.
Mientras tanto, el MDyC exige al Ejecutivo local que no demore más una solución que consideran de “justicia social” y que, a su juicio, afecta a más vecinos de lo que las autoridades están dispuestas a reconocer.
