Mientras Melchor León, presidente de la Gestora del Partido Socialista de Ceuta acudía a la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta para prestar declaración este lunes en calidad de investigado por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, denuncia interpuesta por una trabajadora del Grupo Parlamentario Socialista -M.A.M.- por la difusión en un chat del partido de un parte médico por incapacidad temporal, otra denuncia de la asesora presentada en el mismo sentido a la Agencia Española de Protección de Datos, no ha sido admitida.
El organismo ha informado al Partido Socialista Obrero Español que “una vez analizadas las razones expuestas por PSOE y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos ha acordado no admitir a trámite la reclamación presentada, contra el Partido Socialista Obrero Español, por una presunta vulneración del Artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); Artículo 5.1.f del RGPD; Artículo 6.1 del RGPD y Artículo 9 del RGPD”.
Una situación que surge cuando M.A.M., trabajadora del Grupo Parlamentario Socialista de Ceuta, hace llegar al actual máximo responsable del PSOE de Ceuta como presidente de la Gestora, un parte de baja por incapacidad temporal, cuando la Gestora estaba reunida para tratar el posible cese de la trabajadora, en un puesto de confianza como el de asesora por pérdida de misma. Ese documento no fue revelado públicamente, fue remitido al resto de miembros de la gestora: Sebastián Guerrero, Gonzalo Sanz, Samia Abdelkader, Sumaya Ahmed y Hikma Mohamed, que se apartó de la Gestora tras interponer la asesora la denuncia; que eran quienes tenían que tomar la decisión del cese. Pepe Simó no formaba parte de la Gestora cuando sucedieron estos hechos. Solo seis personas habían tenido acceso a la información remitida en el grupo privado de WhatsApp pero la interesada, M.A.M., recibió una captura de pantalla de una información a la que solo debían tener acceso los integrantes de la Gestora.
La decisión de la Agencia de Protección de Datos sobre no admitir el recurso de la trabajadora contra el PSOE, por una presunta comisión del delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, se conocía prácticamente en el mismo momento en el que Melchor León recibía en el Juzgado la notificación de que la declaración se suspendía porque el abogado de la denunciante había pedido un aplazamiento.
