El Pleno de la Asamblea de Ceuta aprobó este jueves una propuesta para ampliar el ámbito de las ayudas económicas destinadas inicialmente a familias con menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de incluir también a hogares con hijos e hijas con otras discapacidades, trastornos del desarrollo o enfermedades raras. La iniciativa, presentada por Sebastián Guerrero, portavoz del Grupo Socialista, salió adelante tras un debate marcado por la controversia presupuestaria, los reproches políticos y las dudas sobre la viabilidad real de la medida.
Guerrero defendió que, aunque la convocatoria de ayudas al TEA podía considerarse “positiva en su intención”, su planteamiento resultaba discriminatorio al dejar fuera a otros colectivos con necesidades similares. “No puede sostenerse que un único diagnóstico determine por sí mismo una mayor necesidad de apoyo. Lo que debe justificar la intervención pública son los sobrecostes derivados de terapias y la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades”, afirmó. El socialista reclamó además que, si se amplía el alcance de la convocatoria, se incremente el presupuesto, actualmente cifrado en 150.000 euros, para evitar que las ayudas pierdan eficacia.
Desde Vox, su portavoz Juan Sergio Redondo anunció el respaldo de su grupo a la propuesta. “Vamos a apoyar toda iniciativa de estas características. Hemos demostrado nuestra sensibilidad con la discapacidad y con las familias que tienen hijos con TEA, TDAH y otros trastornos”, señaló, recordando que su formación ya había impulsado propuestas similares y alegaciones para extender bonificaciones a todos los colectivos con discapacidad.
Mucho más crítica se mostró la líder del MDyC, Fátima Hamed, quien cuestionó la base misma de la propuesta. “No sabemos de qué convocatoria se habla, porque no existe para 2026. No se puede ampliar ni incrementar algo que no está en el presupuesto”, reprochó. Hamed recordó que su grupo presentó hace meses una enmienda para dotar una partida de 200.000 euros que fue rechazada, y denunció que en la anterior ayuda solo se ejecutaron unos 30.000 euros, sin que se haya aclarado qué ocurrió con el resto del dinero. Aun así, dejó claro que compartían “el espíritu” de la iniciativa y pidió votar los puntos por separado.
En nombre del Gobierno local intervino la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina (PP), quien respondió con dureza al MDyC. “Usted puede decir que apoya muchas cosas, pero luego no apoya los presupuestos ni las modificaciones de crédito. Así no se materializa nada”, espetó. Benzina explicó que las ayudas aprobadas el año pasado resultaron en muchos casos incompatibles con otras subvenciones del IMSERSO u otras administraciones, lo que habría limitado su impacto real. “Queremos dar una ayuda efectiva, que no se solape. Nos vamos a reunir con las asociaciones y, si hace falta, iremos a una modificación de crédito”, aseguró, confirmando el voto favorable del Ejecutivo.
En su turno final, Sebastián Guerrero agradeció el respaldo mayoritario y lanzó un aviso: “No buscamos titulares, pero estaremos vigilantes, porque tenemos experiencia en que muchas propuestas sociales se aprueban y luego no se ejecutan”. A la vez, apeló al espíritu de consenso: “La Asamblea debe ser un lugar para llegar a acuerdos, no para matarnos vivos”.
Antes de la votación definitiva, la consejera Benzina añadió que el Gobierno había estimado inicialmente unos 600 posibles beneficiarios, pero que solo se presentaron unas 150 solicitudes, lo que explicaría que no se agotara el crédito disponible. “Esta propuesta hay que detallarla más y analizar la necesidad real”, concluyó.
Finalmente, y tras la petición del MDyC de votar por separado, los tres puntos de la propuesta fueron aprobados: la ampliación del ámbito de las ayudas y el incremento presupuestario obtuvieron 20 votos a favor y dos abstenciones, mientras que el tercer punto, relativo a la participación de profesionales y asociaciones especializadas, salió adelante con 21 votos a favor y uno en contra.
La propuesta queda ahora aprobada, aunque el debate dejó patente que su aplicación práctica dependerá de futuras decisiones presupuestarias y de la voluntad del Gobierno para convertir el acuerdo plenario en una realidad tangible para las familias afectadas.
