La Asamblea de Ceuta ha aprobado este miércoles la reprobación de la gestión del Gobierno de la Ciudad en materia de ayuda a domicilio, en una votación ajustada que ha contado con 11 votos a favor y 9 en contra, tras un debate político especialmente tenso sobre la calidad del servicio, su modelo de gestión y las condiciones laborales del personal.
La iniciativa, impulsada por Ceuta Ya!, ha estado defendida por su diputada Julia Ferreras, quien ha insistido en la necesidad de avanzar hacia la municipalización del servicio. Ferreras ha recordado que en octubre de 2023 el pleno aprobó estudiar esta posibilidad mediante una comisión que, según ha denunciado, no llegó a constituirse ni a desarrollarse. A su juicio, el sistema actual basado en la externalización no garantiza un servicio universal ni de calidad para las personas dependientes de la ciudad.
Durante su intervención, la diputada ha criticado la gestión del contrato y la sucesión de empresas concesionarias, señalando que la situación no ha mejorado con el cambio de adjudicataria. En este sentido, ha puesto el foco en la empresa Osventos, adjudicataria actual del servicio en Ceuta, a la que ha vinculado con conflictos laborales y denuncias previas en otros territorios. Ferreras ha sostenido que la externalización del servicio ha derivado en problemas de continuidad asistencial y en retrasos en los pagos a trabajadoras.
La diputada ha defendido que el modelo actual responde a una lógica de ahorro económico que, según ha afirmado, termina repercutiendo en la calidad del servicio y en las condiciones laborales del personal. “Se está priorizando el beneficio de la empresa frente al bienestar de las personas mayores”, ha señalado durante su intervención.
Desde el Grupo Socialista, su portavoz Sebastián Guerrero ha anunciado el voto favorable a la reprobación, centrando su intervención en la necesidad de reforzar el control institucional sobre el contrato. Guerrero ha subrayado que la administración debe garantizar el cumplimiento estricto de las condiciones del servicio y ha insistido en que “no basta con adjudicar y olvidarse”. Al mismo tiempo, ha querido destacar la labor del personal del servicio de ayuda a domicilio, al que ha definido como “imprescindible para sostener la atención a las personas dependientes”.
Por su parte, la líder del MDyC, Fatima Hamed, también ha respaldado la iniciativa, poniendo el acento en los problemas laborales detectados, especialmente los retrasos en el pago de nóminas. Hamed ha asegurado que las trabajadoras han trasladado reiteradamente situaciones de incertidumbre económica y ha cuestionado la eficacia del seguimiento anunciado por el Ejecutivo. “El control no está funcionando como debería”, ha afirmado.
En el lado del Gobierno, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha rechazado las acusaciones de la oposición y ha defendido la legalidad del proceso de contratación. Ha insistido en que la adjudicación se ha realizado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y ha negado irregularidades estructurales en el funcionamiento del servicio. Según ha explicado, los pagos a la plantilla se han normalizado tras un incidente puntual. “Hubo un retraso en un mes concreto, pero el servicio se ha estabilizado desde entonces”, ha asegurado.
Benzina ha defendido además que el Gobierno realiza un seguimiento continuo del contrato a través de la unidad del mayor y los servicios técnicos, y ha subrayado que el servicio cuenta con mecanismos de control y evaluación. Asimismo, ha recordado que la Ciudad asume un déficit significativo en este ámbito para garantizar la prestación del servicio.
El debate ha ido subiendo de tono a medida que avanzaban las intervenciones. Ferreras ha acusado al Ejecutivo de incumplir el mandato plenario de estudiar la municipalización y ha insistido en que la situación actual no responde a un hecho aislado, sino a un modelo estructural. Ha negado que su propuesta esté dirigida contra las trabajadoras del servicio y ha defendido que la crítica se centra exclusivamente en la gestión política y administrativa.
La consejera, por su parte, ha replicado que las acusaciones de la oposición generan confusión sobre el funcionamiento del servicio y ha defendido el papel de los técnicos de contratación. También ha insistido en que el servicio se presta correctamente a las personas que cumplen los requisitos establecidos.
Tras el intercambio de posiciones, el pleno ha procedido a la votación, que ha concluido con la aprobación de la reprobación al Gobierno de la Ciudad. El resultado supone un nuevo episodio de confrontación política en torno al modelo de gestión de los servicios sociales en Ceuta, especialmente en un ámbito tan sensible como la atención a personas mayores y dependientes.
