El Partido Popular de Ceuta ha denunciado la gravísima situación que atraviesa el IMSERSO en la ciudad, así como la absoluta indiferencia con la que, a su juicio, responde el Gobierno de Pedro Sánchez ante un problema que afecta directamente a las personas con discapacidad y a sus familias.
Según el PP ceutí, las respuestas emitidas por el Ejecutivo a las preguntas formuladas desde el Senado no han hecho más que confirmar lo que vienen advirtiendo desde hace meses: Ceuta está siendo objeto de un maltrato institucional y de un abandono especialmente preocupante en cuestiones tan sensibles como la atención a la discapacidad.
En la actualidad, más de 1.500 personas permanecen en lista de espera para ser valoradas, muchas de ellas desde hace más de un año y medio, sin haber recibido aún respuesta. Desde julio de 2023, las valoraciones se encuentran suspendidas debido a la total ausencia de personal médico, una situación que el Gobierno —según denuncia el PP— no ha sido capaz de resolver.
A este colapso se suma un hecho aún más alarmante: una de las profesionales clave en los procesos de derivación y valoración lleva más de dos meses de baja sin que su puesto haya sido cubierto, lo que está agravando aún más los retrasos en los procedimientos. Además, no se trata de una única baja no sustituida; también faltan perfiles técnicos esenciales, y el centro está operando con un equipo desbordado, incompleto y sin refuerzos.
El PP de Ceuta también critica el impacto negativo que ha tenido la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022, que regula el nuevo baremo de valoración. Aseguran que esta normativa ha generado más problemas que soluciones:
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Se aplica sin una orden ministerial que lo desarrolle.
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Ha duplicado los plazos de resolución de expedientes, de tres a seis meses.
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No ha sido acompañado de medios humanos ni técnicos adecuados.
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El sistema informático empleado data de 1989, sin ratón, sin base de datos digital y sin interoperabilidad con otras comunidades autónomas.
Como consecuencia de esta situación, el Partido Popular ha expuesto ejemplos reales de ciudadanos afectados:
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Una familia con un menor con discapacidad lleva esperando más de 10 meses para que su hijo acceda a atención temprana, por falta de equipo valorador.
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Una persona que tenía reconocido un 65 % de discapacidad ha visto reducida su valoración al 33 % tras ser reevaluada con el nuevo baremo, perdiendo así prestaciones económicas, exenciones fiscales y acceso preferente a empleo.
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Un paciente con movilidad reducida no ha podido renovar su reconocimiento ni obtener ayudas al transporte, debido a las limitaciones del sistema informático.
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Profesionales del centro de valoración trabajan sin herramientas actualizadas, con expedientes en papel, asumiendo tareas que no les corresponden y sin respaldo institucional.
El PP ceutí reprocha al Gobierno que la única medida anunciada hasta el momento sea una evaluación nacional que tardará 20 meses en completarse, lo que, en la práctica, supone dos años más de espera para quienes ya llevan más de uno aguardando una valoración. Critican que no existe ni calendario, ni plan de choque, ni una sola solución específica para Ceuta.
A día de hoy —denuncia el Partido Popular—:
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No se ha reforzado el personal.
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No se ha modernizado el sistema.
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No se han activado las bolsas de empleo bloqueadas desde 2017.
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No se ha publicado la normativa complementaria del decreto.
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No se ha corregido el impacto del nuevo baremo en los casos ya valorados.
Ante esta situación, el Partido Popular de Ceuta exige al Gobierno que actúe de forma inmediata y sin más excusas. Aseguran que Ceuta necesita medios, soluciones y respeto, y consideran lo que está ocurriendo como una auténtica vergüenza y un abandono deliberado por parte del Ejecutivo central.
La formación afirma que continuará alzando la voz donde sea necesario para revertir esta situación. Consideran que la igualdad que el PSOE proclama no se defiende con inacción, falta de soluciones ni dejadez. Y advierten que, si el Gobierno no es capaz de cumplir, ellos no dejarán de exigir.
Según el Partido Popular, tras siete años en el Gobierno, el PSOE ya no puede culpar a nadie ni esconderse: lo que ocurre en Ceuta no es una herencia recibida, sino el resultado directo de su desidia, abandono y desprecio institucional.
