El grupo parlamentario de Ceuta Ya! ha anunciado que llevará al próximo Pleno de control una interpelación centrada en la situación de la frontera del Tarajal, que, a juicio de la formación, ha vuelto a convertirse en una “ciudad sin ley” marcada por el descontrol, la arbitrariedad y la falta de garantías legales.
La iniciativa, encabezada por el secretario general del partido, Mohamed Mustafa, busca respuestas claras por parte del Gobierno local sobre el estado actual del paso fronterizo. “¿Tiene el Gobierno un diagnóstico de lo que sucede en la frontera? ¿Tiene garantía de que se esté cumpliendo de manera rigurosa la legalidad vigente? ¿Qué valoración hace al respecto? ¿Tiene pensado el Gobierno poner en marcha alguna iniciativa para acabar con este caos?”, son algunas de las preguntas que Ceuta Ya! planteará durante la sesión.
Para la formación autonomista, la experiencia diaria de transitar por el Tarajal se ha convertido en una “auténtica tortura” para miles de personas. “Allí reina la más repudiable confusión, como si estuviéramos de nuevo ante una zona sin normas ni controles definidos”, denuncia Mustafa, quien sostiene que en el entorno fronterizo se están produciendo prácticas “sin respaldo legal”.
En concreto, Ceuta Ya! advierte de que se están requisando pertenencias sin justificación jurídica y que se aplican instrucciones “caducadas” o emitidas por órganos que carecen de competencia para ello. Del mismo modo, cuestiona la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el recinto fronterizo, al considerar que estas se desarrollan bajo “órdenes políticas de procedencia desconocida” y con “sospechas fundadas de arbitrariedad”.
“El Gobierno de la Ciudad no puede mirar hacia otro lado ni escudarse en competencias ajenas”, ha advertido Mustafa, quien reclama que el Ejecutivo local se pronuncie de manera clara sobre lo que está ocurriendo en el Tarajal. Según defiende, la situación afecta de forma directa a la vida cotidiana de “tantísimos ceutíes” y vulnera derechos fundamentales.
Ceuta Ya! sostiene que, más allá de las competencias que puedan recaer sobre el Estado, el Gobierno autonómico tiene la responsabilidad política de exigir transparencia, legalidad y garantías para la ciudadanía. Por ello, reclama una implicación activa del Ejecutivo en la búsqueda de soluciones, comenzando por el reconocimiento de los problemas actuales y la elaboración de un plan de actuación que ponga fin al “desbarajuste” fronterizo.
La interpelación busca abrir un debate en sede parlamentaria sobre un asunto que, según la formación, lleva demasiado tiempo generando incertidumbre, inseguridad y malestar social sin que se adopten medidas correctoras eficaces.
