El debate sonó a algo que muchos ceutíes tienen demasiado cerca: buscar piso, preguntar precio… y cerrar el móvil con un “ni de broma”. En el Pleno, el PSOE pidió activar un paso previo para poder declarar zonas de mercado residencial tensionado —las que permitirían marcar precios máximos en el alquiler— y el Gobierno de la Ciudad volvió a plantarse: no habrá intervención del mercado. Su apuesta, insistió el consejero Alejandro Ramírez, es otra: más suelo, más vivienda y menos costes para construir.
La propuesta del PSOE: informe por distritos
La propuesta socialista, defendida por Sebastián Guerrero, no entraba directamente a fijar un techo mañana, sino a encargar un informe por distritos sobre precios y rentas para ver si Ceuta cumple los requisitos de la Ley 12/2023 de Vivienda. Con ese diagnóstico, el siguiente paso sería solicitar formalmente la declaración de zonas tensionadas donde proceda.
Los datos que puso sobre la mesa Guerrero
Guerrero lo enmarcó en un problema que, dijo, ya no es una sensación: “Ceuta tiene un severo problema de acceso a la vivienda”. Puso el foco en los jóvenes: emancipación por debajo del 20% y un esfuerzo económico que, según expuso, ronda el 60% del sueldo medio juvenil para comprar vivienda. “Con estos datos, la Administración no puede quedarse de brazos cruzados”, defendió, reclamando “políticas valientes” y recordando que la ley contempla incentivos fiscales a propietarios que rebajen rentas o alquilen a jóvenes.
La respuesta del Gobierno: “no hay viviendas disponibles”
El consejero Ramírez respondió sin rodeos: el Gobierno ya se opuso a la ley a nivel nacional y, por tanto, se opondrá a lo que derive de ella. Y fue directo al diagnóstico que, a su juicio, lo explica todo: en Ceuta no es que el alquiler esté caro porque sí; es que “no hay viviendas disponibles”. “Lo poco que hay se vende a precio de oro”, resumió, defendiendo que el camino no pasa por “encajes de bolillos” con una norma “intervencionista”, sino por aumentar la oferta.
La receta de Ramírez en tres puntos
Ahí desplegó su receta en tres puntos:
- disponibilidad de suelos (mencionó más de 71.000 m² ligados a seis promociones y gestiones con Defensa por más de 140.000 m²);
- construcción de vivienda pública a través del plan de vivienda, con cifras de inversión y financiación previstas;
- rebaja de costes e impuestos ligados a la construcción, asegurando que Ceuta aplica una fiscalidad “muy baja” para promover nuevas promociones.
Apoyos, advertencias y cruce de acusaciones
En medio del cruce, Fatima Mohamed (MDyC) adelantó su voto favorable a la propuesta socialista, con un argumento que muchos podrían firmar con una mano: si el problema es grave, “es preferible tenerlo de antemano”. Eso sí, dejó una advertencia: que no se convierta en una declaración bonita “en el papel” pero sin efectos reales, como —puso de ejemplo— ha ocurrido con otras medidas aprobadas.
El choque subió de tono cuando Guerrero replicó acusando al Gobierno de no haber hecho “absolutamente nada” durante años y cuestionando el ritmo del plan de vivienda: “Estamos en enero de 2026 y la realidad es esta… proyectos y anuncios, pero no ladrillos reales”, sostuvo. Ramírez le contestó con otra cifra: aseguró que en las últimas dos décadas se han construido más de 1.500 viviendas públicas, y volvió al cierre que ya sonaba a conclusión de debate: “No vamos a apoyarla”.
Y así terminó: la medida no salió adelante.
