Sesión de Control al Gobierno

Ferreras denuncia “un foco de conflicto permanente” en la Residencia Gerón y exige un control más riguroso

Ferreras alerta de problemas estructurales en la Residencia Gerón y reclama inspecciones efectivas, mientras la consejera Benzina reivindica avances y un control exhaustivo del servicio

Fundación Gerón
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La diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, ha acusado a la Fundación Gerón de mantener deficiencias graves en la atención a los residentes y en las condiciones laborales del personal. La consejera Nabila Benzina defiende mejoras y asegura que la administración supervisa el servicio “de forma constante”.

La diputada Julia Ferreras, diputada del Grupo Ceuta Ya!, ha presentado este viernes en el Pleno de la Asamblea una interpelación relativa a diversas cuestiones sobre el contrato de gestión de la Residencia Gerón, gestionada por la Fundación Gerón. Ferreras ha calificado la residencia como un “foco de conflicto permanente” y ha denunciado deficiencias graves en la atención a los residentes y condiciones laborales de los trabajadores.

La diputada realizó un recorrido histórico de los últimos diez años de gestión, citando conflictos colectivos en 2017 que derivaron en despidos y bajas por salud, problemas en el pago de pluses en 2019, carencias de material durante la pandemia en 2020 y brotes de sarna en 2023 que, según Ferreras, fueron inicialmente negados por la entidad y la Consejería. También denunció la falta de fisioterapia para residentes de alta dependencia en 2024, lo que pudo derivar en úlceras graves y riesgos para la salud, incluso ocasionando una muerte.

Ferreras ha afirmado que, a pesar de las denuncias, la consejería actuaba “más como defensora de la empresa que de los trabajadores y residentes”. La diputada, que aseguró haber trabajado en la residencia y contar con una sentencia a su favor contra la entidad, ha señalado que persisten problemas estructurales, como cambios constantes de equipo técnico, rotación de profesionales y deficiencias en recursos para atender a residentes de alta dependencia.

En respuesta, la consejera responsable, Nabila Benzina, ha defendido la gestión de la residencia y ha destacado mejoras recientes. Ha señalado que la Fundación Gerón está “avanzando a pasos agigantados” y que encuestas a familiares y usuarios reflejan satisfacción creciente. Benzina aseguró que se han revisado los menús con nutricionistas, se ha reforzado la ratio de personal y se realizan auditorías y visitas, tanto planificadas como sorpresivas, para garantizar el cumplimiento del contrato.

La consejera afirmó además que los protocolos ante brotes de enfermedades como la sarna o diarreas se activan de inmediato y que cualquier incidencia es registrada y supervisada. Benzina insistió en que las incidencias actuales son puntuales y que la administración mantiene un control constante sobre la prestación del servicio, cumpliendo “estrictamente con el pliego de condiciones técnicas”.

Ferreras respondió que estas medidas no son suficientes frente a los problemas estructurales que afectan directamente a la seguridad y bienestar de los residentes, insistiendo en que no se puede confiar únicamente en los informes de la empresa y que la administración debe garantizar inspecciones efectivas. La diputada recordó casos graves de úlceras, cambios posturales presuntamente falsificados y prácticas de presión sobre trabajadores.

El debate evidenció la tensión entre las denuncias de trabajadores y extrabajadores de la residencia y la defensa de la consejería y la Fundación Gerón. Actualmente, la residencia dispone de 120 plazas: 54 gestionadas por la ciudad, 55 por el INSERSO y 11 privadas. Según Benzina, de las 54 plazas municipales, 52 están ocupadas y las dos restantes tendrán ingresos inminentes.

Ferreras ha concluido que el Gobierno debe actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes, mientras Benzina insistió en que la administración mantiene un seguimiento constante y que se están implementando mejoras continuas. La interpelación pone de relieve la necesidad de un control más riguroso sobre la gestión de servicios residenciales en Ceuta y la tensión entre la defensa de los trabajadores y la administración de las residencias.