La Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha aprobado una moción para exigir al Gobierno más recursos y un plan específico ante la creciente presión migratoria en Ceuta.
La iniciativa, defendida por la senadora del Partido Popular Cristina Díaz Moreno, ha salido adelante pese al voto en contra del PSOE y tiene su origen en el trabajo previo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que durante meses ha trasladado a las instituciones la realidad que viven los agentes sobre el terreno.
Los datos existen: el Gobierno lo reconoce
El punto de inflexión llegó con la respuesta del Gobierno a una batería de preguntas parlamentarias impulsadas por AUGC y registradas en el Senado por varios representantes del Grupo Popular.
Según la respuesta oficial, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil en Ceuta recoge todas las incidencias en frontera y los intentos de entrada irregular quedan registrados en la base SIDI. Es decir, los datos existen y están documentados, aunque no siempre se reflejan en las estadísticas públicas.
“No faltan datos, falta transparencia”
Con esa base documental, Cristina Díaz Moreno llevó al Senado una intervención en la que puso cifras a una presión que, según denunció, no aparece en los balances oficiales.
La senadora alertó de que en momentos de máxima intensidad se registran entre 8.000 y 10.000 intentos mensuales de entrada, lo que equivale a unas 300 personas al día, una realidad que —según afirmó— queda fuera de las estadísticas del Ministerio del Interior.
En su intervención, insistió en que el problema no es la falta de información, sino su tratamiento: “No faltan datos. Falta transparencia, y esa falta de transparencia es evidente que les sirve para no dar a Ceuta los medios que necesita”.
Un incremento del 330% que tensiona la frontera
Las cifras oficiales expuestas en el Senado reflejan un aumento significativo de la inmigración irregular en Ceuta. En lo que va de 2026 se han registrado 2.101 entradas, frente a las 489 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 330%.
Este crecimiento contrasta con la tendencia nacional, donde las llegadas han descendido un 43%. Además, se han contabilizado 3.119 devoluciones en 2025 y 1.429 en 2026 hasta abril, junto a un dato especialmente dramático: 16 personas fallecidas en las costas ceutíes en lo que va de año.
Falta de medios y carencias estructurales
Durante el debate, la senadora detalló las carencias que afectan a los agentes desplegados en la ciudad, en línea con las denuncias reiteradas de AUGC.
Entre ellas, la escasez de medios básicos como grilletes o sprays disuasorios, un parque móvil insuficiente para cubrir todo el perímetro fronterizo y el deterioro de infraestructuras clave como el doble vallado o los espigones.
También subrayó que, aunque la cooperación con Marruecos es necesaria, no puede convertirse en un argumento para no reforzar los recursos en la frontera: “La colaboración es necesaria, pero no puede servir de excusa para dejar a los agentes sin medios suficientes”.
Qué exige la moción aprobada
La iniciativa aprobada en el Senado recoge varias demandas clave para mejorar la gestión de la frontera en Ceuta:
- Refuerzo de medios humanos y materiales
- Creación de un plan específico para Ceuta como frontera exterior de la UE
- Publicación de datos desglosados sobre presión migratoria
- Medidas para evitar el colapso de los recursos de acogida
- Financiación suficiente para el CETI y la atención a menores
La senadora resumió la situación con una advertencia clara: “Ceuta no puede ser al mismo tiempo frontera de entrada, punto de contención y espacio de acogida cronificado”.
AUGC pide ahora explicaciones al Ministerio
Tras la aprobación de la moción, AUGC ha dado un paso más y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe detallado sobre cómo se registran y publican los datos de inmigración irregular en Ceuta.
El objetivo es esclarecer por qué, si los datos existen —como reconoce el propio Gobierno—, no se trasladan de forma completa a las estadísticas oficiales.
La asociación insiste en que, con un incremento del 330%, la situación exige respuestas urgentes y una revisión del modelo actual de gestión fronteriza.
