El Gobierno de la Ciudad volverá a enfrentarse a preguntas sobre el futuro de las Brigadas Verdes en el próximo Pleno de la Asamblea. La interpelación pretende esclarecer el estado del compromiso adquirido por el Ejecutivo para integrar a los trabajadores en una sociedad pública, una medida que, según se había anunciado, debía materializarse antes de finalizar el año en curso.
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) explican que la interpelación abordará “diversas cuestiones relacionadas con el compromiso arrancado al Ejecutivo para garantizar la estabilidad de la plantilla integrando a los trabajadores en una empresa municipal”. El partido recuerda que fue gracias a su impulso cuando se incrementó el presupuesto destinado a la subvención que percibe la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), entidad que gestiona el servicio de las Brigadas Verdes, con el fin de mejorar las retribuciones de los empleados.
Avances salariales, pero sin integración pública
Esa modificación presupuestaria permitió, según precisan, la incorporación de los trabajadores al Convenio Colectivo Estatal de Jardinería, una medida que se hizo efectiva a principios de este mismo año. Sin embargo, pese a los avances en materia salarial, desde la formación aseguran que “aún no se ha materializado la integración de las Brigadas Verdes en una sociedad pública” y que desconocen si el Ejecutivo “mantiene entre sus planes” la incorporación de estos empleados al sector público.
Los socios del Gobierno de Vivas sostienen que el objetivo de esta medida es dotar de “protección, seguridad y estabilidad laboral” a una plantilla que, insisten, lleva años reclamando un marco de trabajo estable. “Esto sólo se conseguiría integrando a las Brigadas Verdes en una sociedad pública”, subrayan.
“No sabemos a qué están esperando”
La interpelación también incluirá preguntas concretas sobre las posibles vías administrativas que el Ejecutivo podría estar estudiando. En este sentido, la formación ha solicitado saber si se ha analizado la posibilidad de incorporar a los trabajadores en una empresa municipal ya existente y, de ser así, en cuál y en qué fase se encuentra la gestión. “No sabemos a qué están esperando”, manifiestan de forma literal en el comunicado remitido a los medios.
El grupo local critica además el incumplimiento de los plazos que, según sostienen, el propio Gobierno había anunciado. “Ya en el último trimestre del año y a las puertas de 2026, y pese a las repetidas y desvirtuadas promesas del Ejecutivo de integrar a estos trabajadores en una sociedad municipal antes de finalizar el año, lo cierto es que esta integración no llega a producirse”, lamentan.
Más de 120 familias pendientes de una decisión
El comunicado recuerda que son “más de 120 familias” las que dependen de este servicio y que “requieren de protección, seguridad y estabilidad laboral”, insistiendo en que dichas condiciones “sólo se conseguirían integrando a las Brigadas Verdes en una sociedad pública”.
En los últimos años, la situación de las Brigadas Verdes ha sido objeto de debate en distintas sesiones plenarias. El servicio, dependiente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, desempeña labores de mantenimiento, limpieza y jardinería en diversas zonas de la ciudad. Aunque el personal trabaja con financiación pública, su vinculación contractual no se da de manera directa con la administración, sino a través de la citada entidad vecinal.
Esta fórmula de gestión, que combina fondos públicos con administración indirecta, ha sido cuestionada en varias ocasiones por distintos grupos políticos, que reclaman una mayor estabilidad y seguridad jurídica para sus trabajadores. El Ejecutivo, por su parte, ha defendido en anteriores intervenciones que la municipalización del servicio requiere de un proceso administrativo complejo y de la adecuación de los estatutos de las sociedades municipales existentes para poder asumir a una plantilla de estas características.
