El Pleno de la Asamblea de Ceuta celebró este viernes el debate definitivo del Presupuesto de la Ciudad para 2026, un pleno marcado por constantes tensiones entre las autoridades locales. La portavoz de MDyC, Fatima Hamed, defendió un paquete de 10 enmiendas por valor de 8 millones de euros, mientras que la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, rechazó gran parte de las propuestas alegando limitaciones técnicas, legales y presupuestarias.
Un presupuesto “mal hecho”, según MDyC
En su intervención inicial, Hamed dibujó una “radiografía” del Pleno destacando que se debatían más de un centenar de enmiendas, de las cuales 49 procedían del propio Partido Popular. Para la portavoz localista, este dato evidencia que el presupuesto “está mal hecho desde el inicio”.
“Estamos ante un presupuesto sin alma, sin visión y sin vergüenza”, afirmó Hamed, al considerar que se trata de un documento que “cuadra números, pero no piensa en las personas” y que ignora problemas estructurales como la vivienda, el desempleo, la educación y la desigualdad social.
MDyC defendió que sus enmiendas tienen un marcado carácter social y se articulan en torno a dos grandes ejes: políticas sociales directas e infraestructuras para la cohesión territorial. Entre las propuestas destacan ayudas para la emancipación juvenil, la implantación estable de enfermeras escolares, el refuerzo de ayudas a menores con TEA y TDAH, la ampliación de talleres de empleo, un complejo asistencial para personas con discapacidad, un plan contra las desigualdades en barriadas y una partida para impulsar una unidad de radioterapia en Ceuta.
“Lo que falla no es el dinero, sino la distribución que hacen ustedes de ese dinero”, subrayó Hamed, quien acusó al Ejecutivo de limitarse a “pasar el trámite” sin voluntad real de diálogo.
Chandiramani: “No se puede quitar dinero de lo que ya está contratado”
La consejera de Hacienda rechazó las acusaciones y defendió la gestión del Gobierno local, asegurando que el presupuesto es transparente, realista y condicionado por obligaciones previas. Chandiramani explicó que el documento parte de un escenario complejo, con incrementos en capítulo uno (personal), capítulo dos (contratos), subida de costes por la inflación y compromisos financieros ya adquiridos.
“Todo en esta vida es mejorable, y por eso presentamos enmiendas, aunque sean 49”, afirmó la consejera, restando dramatismo al número de modificaciones introducidas por su propio grupo, que cifró en torno al 2% del presupuesto total.
En relación con las propuestas de MDyC, Chandiramani aseguró que muchas coinciden en el fondo con las políticas del Gobierno, como las inversiones en barriadas, las ayudas sociales o el complejo asistencial para personas con discapacidad, para el que ya se han consignado 200.000 euros para la redacción del proyecto. Sin embargo, recalcó que el principal problema está en las fuentes de financiación.
“No se puede financiar una enmienda quitando dinero de partidas ya contratadas, como suministros básicos o programas en ejecución”, explicó, citando como ejemplo actuaciones encargadas a empresas públicas o contratos que mantienen empleo activo. “Eso supondría despedir trabajadores o dejar servicios sin pagar”, advirtió.
Sobre la Unidad de Radioterapia, Chandiramani recordó que la partida existe desde hace años y que se mantiene viva en los presupuestos, mientras que la consejería competente trabaja en los trámites necesarios. También respondió a la advertencia de la Intervención sobre la subvención a la AD Ceuta, asegurando que ya se ha iniciado un expediente de análisis para determinar si puede considerarse ayuda de Estado.
Un cruce final sin acercamiento
En su réplica, Hamed endureció el tono y acusó al Gobierno de falta de voluntad política. “El reparo no es técnico, es político”, afirmó, insistiendo en que ninguna de las enmiendas de MDyC ha recibido objeciones formales por parte de los funcionarios.
La portavoz localista también expresó su preocupación por advertencias de la Intervención, por la situación de las Brigadas Verdes y por la eliminación o reducción de partidas vinculadas a vivienda, salud o barriadas en las enmiendas del PP. “Vencerán, pero no convencerán”, sentenció.
Chandiramani cerró el debate reafirmando que el Gobierno no elude responsabilidades y que el presupuesto de 424 millones de euros permite sostener servicios públicos, inversiones y políticas sociales, aunque reconoció que “queda mucho por hacer”.
El punto quedó finalmente despachado sin acuerdo entre el Ejecutivo y MDyC, dejando patente un clima de confrontación política en torno a un presupuesto que el Gobierno defiende como viable y la oposición localista considera insuficiente y mal orientado.