Desde que el pasado 23 de julio el Congreso rechazara la propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería -que buscaba aliviar la presión migratoria sobre los centros de acogida de niños y adolescentes extranjeros en Canarias, Ceuta y Melilla-, las tensiones entre el Partido Popular y el Ejecutivo no han hecho más que crecer. La negativa de los populares a apoyar la reforma desencadenó un enfrentamiento político que sigue cobrándose víctimas políticas, siendo Javier Celaya, diputado del PP por Ceuta, una de las figuras más comprometidas en esta polémica.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha mantenido una postura de firme rechazo frente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, situación que ha provocado el descontento de Fernando Clavijo y Juan Vivas, presidentes de Canarias y Ceuta, respectivamente. Estos líderes autonómicos han insistido en la necesidad de revisar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar una redistribución equitativa de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas.
El último capítulo de este enfrentamiento tuvo lugar el jueves pasado, cuando una reunión de más de dos horas entre Gobierno, Partido Popular y los presidentes de Ceuta y Canarias concluyó sin acuerdos. Clavijo abandonó la sede ministerial sin dar declaraciones, mientras que Vivas, visiblemente contrariado, pidió paciencia ante los medios, aunque no pudo ocultar su frustración por regresar a Ceuta sin soluciones concretas.
En el centro de esta tormenta política se encuentra Javier Celaya, quien votó junto al PP en contra de la reforma en julio, alineándose con las directrices de Alberto Núñez Feijóo, pero alejándose de la postura del Gobierno de Ceuta. Este último, liderado por Juan Vivas, lleva meses apelando a la solidaridad de las comunidades autónomas y reclamando un marco legal que redistribuya de manera equitativa la responsabilidad de atender a los menores migrantes.
"Es imprescindible reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para abordar el fenómeno migratorio desde la solidaridad y el espíritu constitucional", subrayó Vivas tras la reunión del jueves. Sin embargo, el PP, presionado por el pulso que mantiene con Vox en varias comunidades autónomas, apuesta por un debate más amplio sobre política migratoria, postergando soluciones inmediatas.
Celaya enfrenta una encrucijada: respaldar la estrategia nacional de su partido o secundar el ruego del Gobierno de Ceuta, con el riesgo de erosionar su propia base política. La tensión entre la necesidad de aliviar una crisis asistencial que asfixia a su ciudad y la disciplina partidaria nacional lo coloca en el epicentro de una disputa que refleja, en última instancia, las contradicciones del PP en la gestión de la política migratoria.
