El formato de los exámenes de acceso a la función pública para las categorías C1 y C2 ha vuelto a centrar el debate político en el Pleno de la Asamblea, con un cruce tenso entre el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y el Gobierno local. La interpelación presentada por su portavoz, Nadia Mohamed, ha puesto en cuestión el cumplimiento del acuerdo plenario aprobado en enero de 2024 para implantar exámenes tipo test, frente al mantenimiento de pruebas a desarrollar en las convocatorias más recientes.
Mohamed defendió que los procesos selectivos “nunca han estado exentos de polémica y vuelven a estar en el punto de mira. Y con razón”, recordando que su grupo impulsó hace dos años una propuesta para homogeneizar el sistema de acceso a la función pública en Ceuta con el resto del país. “Los exámenes tipo test son mucho más objetivos, no dan pie a subjetividad y garantizan los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y transparencia”, subrayó.
Sin embargo, según denunció, tras una primera convocatoria adaptada al formato tipo test, las siguientes ofertas publicadas han vuelto a incluir exámenes a desarrollar. Un giro que, a su juicio, “genera incertidumbre y desconfianza en los interesados” y supone un incumplimiento del acuerdo plenario. La portavoz del MDyC cuestionó directamente al Ejecutivo por qué se insiste en este modelo y si se prevé corregir las convocatorias ya publicadas para no perjudicar a los opositores.
La respuesta llegó de la mano del consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, quien comenzó recordando que el Pleno del 30 de enero de 2024 aprobó “iniciar los trámites necesarios para la implantación de los exámenes tipo test”, algo que, aseguró, sí se ha hecho. “Tenga la certeza de que esta Consejería ha iniciado los trámites para implementar los exámenes tipo test para el acceso a las categorías C1 y C2”, afirmó, explicando que el acuerdo se trasladó a la Mesa General de Negociación, órgano competente en esta materia.
Gaitán rechazó con contundencia la acusación de falta de garantías en los procesos selectivos. Calificó de “absolutamente arbitraria y atrevida” la afirmación de que no se respetan los principios de transparencia, objetividad e igualdad y lanzó una pregunta directa a la bancada del MDyC: “¿Usted cree que si así fuese no estarían todos esos procesos ya judicializados?”. Según el consejero, los procedimientos se ajustan estrictamente al Estatuto Básico del Empleado Público y al ordenamiento jurídico vigente, con tribunales independientes y sin presencia de cargos políticos.
El responsable de Gobernación detalló que la normativa permite distintos tipos de pruebas —orales o escritas— y que la definición del formato es materia de negociación sindical. En ese punto, explicó que los sindicatos se opusieron a modificar convocatorias ya iniciadas, al considerar que los aspirantes se estaban preparando bajo unas bases concretas. “No se paralicen y no se modifiquen”, trasladaron, según Gaitán, en la Mesa General.
Eso sí, el consejero sí avanzó un compromiso de cara al futuro: “Para las nuevas ofertas de empleo público que se inicien desde cero, volveremos a negociar la adaptación al tipo test para las categorías C1 y C2”.
La réplica del MDyC elevó el tono del debate. Mohamed fue tajante: “No garantiza la objetividad. No la garantiza”, insistió, defendiendo que los exámenes a desarrollar son, por definición, subjetivos. Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo sencillo: “Un examen a desarrollar es susceptible de interpretación. En un tipo test es sota, caballo y rey”.
La portavoz cuestionó por qué en Ceuta se mantiene este modelo cuando en el resto de administraciones —estatales, autonómicas o sectoriales— las categorías C1 y C2 se examinan mediante test. “Auxiliares administrativos del Estado, de Justicia, de Hacienda… sin problema. En Ceuta, todos los problemas del mundo”, ironizó.
También puso sobre la mesa que sí fue posible modificar el formato en la convocatoria de siete plazas de auxiliar administrativo para el servicio tributario, lo que, a su juicio, demuestra que “se puede”. En este punto, relató quejas trasladadas por opositores sobre la organización de exámenes recientes, desde retrasos en el inicio hasta la forma de custodia y entrega de las pruebas, comparándolas con procesos de otras administraciones.
En el cierre del debate, Gaitán reprochó a Mohamed haberse excedido nuevamente en sus afirmaciones y reiteró que es “muy atrevido” decir públicamente que las convocatorias no son transparentes. Defendió que no ha “echado la culpa a nadie”, sino que ha expuesto una realidad avalada por actas de la Mesa General. “Intentaremos que las próximas ofertas públicas, cuando se inicien nuevos procesos C1 y C2, puedan adaptarse al tipo test”, concluyó, dando por zanjada la interpelación.
