El Partido Popular de Ceuta ha acusado al PSOE local de trasladar una versión “distorsionada” sobre la votación celebrada en el Congreso de los Diputados relativa al conocido como “escudo social”.
Según explican los populares en un comunicado, el texto que fue rechazado no se limitaba a medidas para reducir el precio de la energía, sino que incluía un conjunto de disposiciones que abordaban distintas materias.
El diputado del PP por Ceuta, Javier Celaya, considera que el decreto agrupaba cuestiones diversas que, a juicio de su partido, debían tramitarse por separado.
Críticas al contenido del decreto
El PP sostiene que el Real Decreto-Ley integraba medidas relacionadas con distintos ámbitos, entre ellas la prórroga de la moratoria de desahucios, bonos sociales, deducciones fiscales y mecanismos de financiación territorial.
Para los populares, este tipo de iniciativas legislativas impide abordar de forma específica las medidas necesarias para hacer frente al aumento de los costes energéticos.
Propuestas energéticas del Partido Popular
En este contexto, el partido recuerda que el Grupo Parlamentario Popular registró el pasado 10 de marzo una iniciativa en el Congreso con medidas fiscales y energéticas destinadas a reducir el impacto del precio de la energía en familias y empresas.
Entre las propuestas planteadas se incluyen rebajas fiscales vinculadas al consumo energético y medidas para mitigar los efectos de la inflación.
Debate político sobre la política energética
El PP también ha señalado que en años anteriores el PSOE y sus socios parlamentarios votaron en contra de iniciativas presentadas por los populares para reducir el IVA de la luz y el gas.
En su comunicado, el partido sostiene que España necesita una política energética estable que combine diferentes fuentes de generación y reduzca la carga burocrática sobre el sector.
Llamamiento al debate político
Desde el Partido Popular de Ceuta han pedido al PSOE que, en el debate sobre la política energética, se prioricen las propuestas dirigidas a aliviar la situación económica de los ciudadanos.
El comunicado concluye defendiendo la necesidad de adoptar medidas específicas para proteger a las familias y al tejido productivo frente al impacto del encarecimiento de la energía.
