El Partido Popular ha solicitado en el Congreso que se fiscalicen los contratos adjudicados por el Gobierno a la empresa china Hikvision, responsable de la vigilancia en la frontera de Ceuta. La formación alerta de posibles riesgos para la seguridad nacional.
Huawei y Hikvision han sido objeto de restricciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que las consideran potenciales riesgos en materia de seguridad. En España, estas compañías han participado en contratos relacionados con escuchas judiciales y vigilancia de infraestructuras críticas, como la frontera de Ceuta y Melilla.
El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, exdiputado por Ceuta, ha señalado que estos contratos han generado preocupación en organismos internacionales. Según Bravo, la Casa Blanca ha comunicado al Gobierno español que limita el intercambio de información en áreas como la lucha contra el terrorismo.
📢 Solicitamos al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre todos los contratos del Gobierno con Huawei durante los últimos cinco años.
🗣️ @juanBravoBaena: Sánchez está poniendo en riesgo la seguridad nacional. pic.twitter.com/IN8gBIoeA6
— Partido Popular (@ppopular) August 9, 2025
El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Exteriores, Presidencia, Interior y Defensa, así como de la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. El objetivo es obtener explicaciones sobre los criterios seguidos en la adjudicación de estos contratos.
Advertencias en informes oficiales
El informe de Seguridad Nacional de 2023 incluía referencias a las actividades de los servicios de inteligencia chinos en España, señalando intentos de establecer redes de influencia en ámbitos políticos y económicos. Estas menciones no figuran en el informe de 2024, lo que ha suscitado interrogantes entre los grupos parlamentarios.
Ceuta y la vigilancia fronteriza
La frontera de Ceuta, vigilada con tecnología de Hikvision, forma parte de las instalaciones afectadas por estos contratos. El debate sobre la idoneidad de estas adjudicaciones adquiere especial relevancia en el contexto local, donde la seguridad fronteriza es una cuestión de interés permanente.
El PP considera necesario esclarecer los riesgos asumidos y los criterios seguidos por el Ejecutivo en la contratación de empresas tecnológicas en áreas sensibles. La transparencia institucional y la protección de infraestructuras estratégicas son, según el partido, elementos clave para garantizar la seguridad nacional.
