La crisis de la vivienda ha dejado de ser un runrún estadístico para convertirse, según el Partido Popular, en la principal inquietud de los españoles. Con ese diagnóstico sobre la mesa, el Partido Popular de Ceuta reunió este lunes en su sede a representantes del sector inmobiliario local —promotores, constructores, técnicos y miembros del Colegio de Arquitectos— para presentar el plan nacional de vivienda que la formación ha diseñado para toda España.
A la cita ha asistido el diputado nacional por Ceuta Javier Celaya junto a los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam Al Lal, arropados por los consejeros de la Ciudad especializados en la materia, Alejandro Ramírez y Rafael Martínez Peñalver, con el objetivo de aterrizar las propuestas estatales en la realidad específica de Ceuta.
Un déficit de 700.000 viviendas… y creciendo
Durante su intervención, Javier Celaya puso cifras al problema. “Sabemos que a día de hoy el problema de la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. Después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez lo que antes era una preocupación secundaria se ha convertido en el problema más grave que tienen ahora mismo nuestros ciudadanos”, afirmó.
El diputado sostuvo que, según estimaciones del Banco de España y del INE, el desfase ronda ya las 700.000 viviendas, a las que cada año se sumarían entre 150.000 y 170.000 más. De mantenerse esa tendencia, advirtió, “puede que al terminar 2026 el déficit de vivienda en nuestro país alcance las 850.000 viviendas”.
Celaya vinculó este escenario a un crecimiento demográfico que, a su juicio, ha estado impulsado por “una política migratoria poco rigurosa”, lo que habría incrementado la presión sobre el mercado, especialmente entre los jóvenes.
Construir más y derogar la ley actual
Para el Partido Popular, la raíz del problema es clara: desequilibrio entre oferta y demanda. “España necesita incrementar de manera notable su producción de viviendas porque para nosotros hemos llegado a esta situación sobre todo porque es un problema de oferta y demanda y que la solución está en construir más para que bajen los precios de la vivienda. Simplemente ley de la oferta y la demanda”, defendió.
En esa línea, el plan incluye la derogación del actual marco normativo impulsado por el Gobierno socialista, especialmente en lo relativo a ocupación e “inquiocupación”. Celaya criticó que la protección a inquilinos vulnerables no puede recaer sobre los propietarios: “Hay que devolver a los españoles la seguridad jurídica y proteger la propiedad privada y el descenso de los precios llegará o su estabilización en el momento en que se equilibren la oferta y la demanda”.
Simplificación administrativa: silencio positivo
El PP propone aplicar el silencio administrativo positivo en licencias y permisos, de modo que, si la administración no resuelve en plazo, los expedientes no queden paralizados durante meses o años.
Celaya recordó que, según los cálculos del partido, desde que se inicia la planificación urbanística hasta que se entregan las llaves pueden transcurrir casi diez años. “Es una barbaridad”, vino a resumir, planteando como objetivo reducir ese proceso a menos de la mitad, en torno a cuatro años.
También se defendió la colaboración público-privada mediante la cesión de suelo público a promotoras para levantar viviendas en régimen de alquiler durante largos periodos bajo un modelo concesional similar al de las autopistas. Una fórmula que, según reconocieron algunos participantes en la sectorial, genera dudas en el contexto ceutí por el tamaño del tejido empresarial local.
Jóvenes hasta los 40: hucha ahorro y bonificaciones fiscales
El plan dedica un apartado específico a los jóvenes —considerando como tales a los menores de 40 años— ante lo que el diputado describió como un problema “demográfico” de fondo.
Entre las medidas estrella figura la denominada HUCHA Hogar Joven, un instrumento de ahorro con bonificaciones fiscales destinado a reunir la entrada para la primera vivienda. El compromiso del PP, explicó Celaya, es que cuando gobierne, el Ejecutivo iguale la cantidad ahorrada por el joven en forma de aval bancario.
A ello se suman bonificaciones fiscales durante los cuatro primeros años de actividad laboral: “El primer año la bonificación sería del 100% del IRPF, no tendría que pagar Hacienda. El segundo año del 75, el tercero del 50 y el cuarto del 25. Siempre con esa finalidad de favorecer que los jóvenes tengan capacidad de ahorro para enfocarse hacia la vivienda”.
El plan contempla también ayudas al alquiler y la eliminación de la legislación que, según el PP, protege al “ocupa o inquiocupa”, con el objetivo de que afloren viviendas actualmente fuera del mercado.
Incentivos para sacar viviendas vacías al mercado
En esa línea, Celaya avanzó una bonificación fiscal del 75% el primer año para propietarios que incorporen al mercado viviendas cerradas durante más de dos años: “Aquellos propietarios que tienen ahora viviendas suyas de propiedad que las tienen fuera de la circulación que lleven más de dos años sin haber sido alquiladas y estén cerradas en el caso de que las incorporen al mercado pues que tengan una bonificación el primer año del 75% de los ingresos que cobren por esas rentas”.
El dirigente popular cargó también contra la declaración de zonas tensionadas y los topes al alquiler, poniendo como ejemplo el caso catalán, donde —según afirmó— se ha reducido el precio regulado pero también la oferta disponible.
Mano de obra y construcción modular
Más allá de la normativa, el PP reconoce un cuello de botella estructural: la falta de trabajadores en el sector. Celaya cifró entre 700.000 y un millón los profesionales que harían falta para responder a la demanda actual, recordando que desde 2008 el empleo en la construcción ha caído en casi un millón de personas.
De ahí que el plan incluya formación intensiva e impulso en métodos de construcción modular que permitan acortar plazos. “Estamos ahora mismo ante una emergencia nacional”, subrayó, enmarcando el paquete de 30 propuestas como un intento de “invertir la situación en la que nos encontramos”.
En Ceuta, el debate queda abierto. El diagnóstico es nacional, pero el impacto —como insistieron los participantes en la sectorial— se mide en cada metro cuadrado disponible y en cada joven que aún no puede emanciparse.
