El Grupo Parlamentario Popular ha elevado al Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Gobierno central con el objetivo de esclarecer el uso de cámaras de videovigilancia de fabricación china instaladas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. En concreto, el foco se sitúa sobre dispositivos de la marca Hikvision, adquiridos e instalados en 2021, y cuya utilización ha sido restringida en países como Estados Unidos y Reino Unido, así como en diversas instituciones de la Unión Europea.
El diputado por Ceuta, Javier Celaya, ha sido el encargado de registrar la iniciativa parlamentaria y ha advertido de los riesgos que entrañaría mantener en funcionamiento un sistema de videoseguridad que ha sido vetado por sus vínculos con el régimen chino y sus presuntas implicaciones en violaciones de derechos humanos, especialmente contra la minoría uigur.
Cuestiones clave: ¿quién controla las imágenes?
“¿Puede garantizar el Gobierno de España que estas cámaras no suponen una amenaza para la seguridad nacional en nuestras fronteras terrestres con Marruecos?”, plantea el Partido Popular en el escrito registrado en la Cámara Baja.
La formación conservadora insiste en exigir al Ejecutivo que aclare si la República Popular de China tiene alguna capacidad -directa o indirecta- de supervisar las imágenes captadas por estos dispositivos instalados en un punto tan estratégico como el perímetro fronterizo sur de Europa.
Para los populares, la cuestión no es menor. A su juicio, considera "inadmisible que el control y la protección de las fronteras españolas puedan quedar expuestos a tecnologías", que, bajo su punto de vista, están "consideradas de riesgo por nuestros principales socios internacionales" y matiza, "más aún cuando se trata de un enclave tan sensible como el perímetro fronterizo con Marruecos”.
La marca en el punto de mira internacional
Hikvision, la empresa señalada en la iniciativa, es uno de los principales fabricantes de cámaras de vigilancia a nivel global, pero arrastra una reputación controvertida. Está incluida en listas negras de exportación en Estados Unidos y ha sido objeto de sanciones por su presunta participación en actividades de vigilancia masiva y represión de la minoría uigur en la región de Xinjiang.
Además, la compañía ha sido excluida de licitaciones públicas en varios países europeos por cuestiones relacionadas con ciberseguridad y protección de datos. En este contexto, el uso de su tecnología por parte de un Estado miembro de la Unión Europea levanta serias sospechas sobre los estándares empleados en la contratación pública y los protocolos de seguridad tecnológica.
El PP reclama una auditoría urgente
“El Gobierno debe aclarar de inmediato si ha realizado una evaluación de riesgos", manifiesta el PP en su comunicado. Asimismo, expone que deberá esclarecer "si se han tomado medidas de ciberseguridad, y por qué se ha optado por una empresa cuya reputación está gravemente comprometida”, ha afirmado el diputado Javier Celaya, visiblemente crítico con la decisión adoptada en su día por el Ejecutivo.
A través de esta acción parlamentaria, el Grupo Popular no sólo pretende obtener respuestas, sino también propiciar una revisión integral del sistema de videovigilancia instalado en ambas ciudades autónomas. Exigen, en concreto, una auditoría técnica independiente que garantice la integridad de las imágenes captadas, la inviolabilidad de los sistemas y la imposibilidad de que terceros países accedan a datos sensibles relacionados con la seguridad fronteriza.
Un asunto de Estado para los populares
La petición del PP se enmarca en un contexto de creciente preocupación europea por la dependencia tecnológica de proveedores no comunitarios, especialmente en infraestructuras críticas. La frontera de Ceuta y Melilla, punto de acceso terrestre entre África y Europa, es considerada un enclave de máxima sensibilidad y cualquier vulnerabilidad en su sistema de control podría tener implicaciones estratégicas a nivel continental.
