El diputado del PP en el Congreso por Ceuta, Javier Celaya, cuestiona la falta de medidas contra el director del centro y la posible salida a la Península del agresor condenado.
El Partido Popular ha vuelto a cargar contra el Gobierno central por su gestión de la agresión sexual sufrida por una enfermera en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. En esta ocasión, lo hace a través de su diputado por la ciudad autónoma, Javier Celaya, quien ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir responsabilidades y aclaraciones sobre un caso que, a juicio de los populares, está lleno de “contradicciones”.
Las críticas del PP llegan tras las declaraciones realizadas este miércoles por la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, quien aseguró desconocer si el residente condenado por la agresión sexual —un joven de nacionalidad guineana— será trasladado próximamente a la Península. “En cuanto a la posible salida, lo desconozco. Yo tengo el listado de salidas un día antes de que se produzcan, y por tanto no puedo dar esa noticia”, afirmó Pérez, matizando que, de llevarse a cabo, el traslado obedecería a un “procedimiento ordinario”.
Pérez también confirmó que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene abierto un expediente sobre la actuación del director del CETI, Antonio Bautista Fernández, aunque evitó pronunciarse sobre posibles responsabilidades. La delegada afirmó que “no hay pruebas de actuación irregular” y subrayó que las decisiones adoptadas respecto al alojamiento actual del agresor —alojado en un hostal fuera del CETI— y su eventual derivación siguen el protocolo habitual.
Sin embargo, para el Partido Popular estas explicaciones no son suficientes. Celaya considera “inaceptable” que se permita la salida del agresor hacia la Península mientras persisten las dudas sobre el papel del director del centro. El sindicato SATSE denunció que Bautista habría intentado disuadir a la víctima de presentar denuncia, un extremo que hasta el momento no ha sido desmentido ni confirmado oficialmente.
“¿Quién paga la estancia del presunto agresor? ¿Por qué no se ha exigido responsabilidad al director del CETI? ¿Se ha incoado algún expediente disciplinario? ¿Es inminente su traslado?”, son algunas de las cuestiones planteadas por Celaya al Ejecutivo, al que acusa de “proteger al agresor” y de “desproteger a la víctima y al resto de profesionales del CETI”.
El PP insiste en que no permitirá que el caso “se cierre en falso” y exige al Gobierno que asuma responsabilidades. “No se puede premiar al agresor ni mirar hacia otro lado”, zanjó Celaya.
Este nuevo comunicado se suma a una larga lista de pronunciamientos del PP contra el Gobierno central en materia de seguridad y gestión migratoria, especialmente en lo relativo al funcionamiento del CETI, cuya dirección ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de formaciones políticas y sindicatos.
