El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que introduce una cobertura pública frente a posibles impagos en contratos de alquiler. La norma, que será gestionada por comunidades autónomas y por las ciudades de Ceuta y Melilla, está dirigida a jóvenes menores de 35 años y a personas vulnerables.
La medida busca dar seguridad jurídica a propietarios y facilitar el acceso a la vivienda en un mercado marcado por precios elevados. Para beneficiarse, los contratos deberán ajustarse al índice estatal de referencia y cumplir con la fianza legal.
En Ceuta, el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Pérez Triano, valoró la iniciativa como un avance en la protección del derecho a la vivienda. Al mismo tiempo, criticó la ausencia de políticas locales que favorezcan el alquiler asequible. “En la ciudad seguimos sin un plan serio de apoyo al alquiler ni estímulos para movilizar vivienda vacía”, señaló.
El dirigente socialista comparó la actuación del Ejecutivo central con la gestión del Gobierno de Juan Vivas, al que reprocha no haber impulsado ayudas ni medidas para abaratar los precios. Según Pérez Triano, la vivienda sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía ceutí.
