El Senado ha planteado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno debido a la no elaboración ni remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.
Durante la sesión del Pleno del Senado celebrada el 22 de octubre de 2025, se aprobó este planteamiento a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Ese mismo día, el presidente del Senado, Pedro Rollán, envió un escrito al presidente del Gobierno para trasladarle formalmente esta solicitud.
Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, la Cámara Alta presentó oficialmente el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la omisión del Gobierno vulnera diversas disposiciones de la Constitución Española (CE).
Motivación jurídica
El Senado sostiene que el retraso en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 y el uso abusivo de la prórroga presupuestaria constituyen un incumplimiento de los artículos 1.3, 66.2, 134, 23 y 99.2 de la CE.
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La obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente los PGE, establecida en los artículos 134.1 y 134.3, no se está cumpliendo.
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Esto impide a las Cortes Generales ejercer sus competencias presupuestarias, limitando la capacidad del Parlamento de modificar, aprobar o rechazar el proyecto, afectando también la participación de los senadores según el artículo 23 de la CE.
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El uso prolongado de la prórroga presupuestaria incumple los artículos 134.2 y 134.4, afectando el principio de anualidad.
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Las modificaciones presupuestarias realizadas sobre los PGE de 2023 prorrogados, sin control parlamentario, vulneran el artículo 134.5.
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Además, la relación entre la no aprobación de los presupuestos y la confianza parlamentaria otorgada en la investidura implica una posible afectación del artículo 99.2. El Senado cita los precedentes de 1995 y 2019 como referencia de esta convención constitucional.
Solicitud al Tribunal Constitucional
El Senado solicita al Tribunal Constitucional:
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Declarar que el Gobierno ha vulnerado la atribución constitucional del Senado para participar en la aprobación y modificación de los Presupuestos Generales del Estado 2026, conforme a los artículos 66.2 y 134.1 de la CE.
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Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, correspondientes a 2024, 2025 y, en su caso, 2026.
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Resolver las situaciones jurídicas derivadas de esta vulneración y establecer un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su obligación constitucional en materia presupuestaria.
