La Asamblea volverá a citarse este miércoles, a partir de las 9.30 horas, en el Salón de Plenos del Palacio de la Ciudad para una nueva sesión de control. Sobre la mesa, asuntos tan variados como la política verde, la gestión de espacios naturales, la situación de las barriadas, la problemática en los centros de menores y el impulso de nuevas medidas para mejorar la accesibilidad y la transparencia administrativa.
El orden del día arranca con la dación de cuenta de los decretos firmados durante el pasado mes de marzo. A continuación, los grupos políticos abrirán el turno de interpelaciones, una batería de preguntas y demandas que pondrán a prueba la gestión del Ejecutivo local.
El portavoz del PSOE, Sebastián Guerrero, interpelará en varias ocasiones para conocer las acciones previstas para garantizar una política sostenible de gestión de espacios verdes y arbolado, así como para exigir explicaciones sobre la falta de desarrollo de los planes de conservación de la Red Natura. Además, preguntará por el cumplimiento del acuerdo plenario relativo al Plan de Empleo Juvenil y el estado de las licencias de taxi para personas con movilidad reducida.
Desde Vox, Juan Sergio Redondo pondrá el foco en temas de gestión urbana y convivencia: solicitará información sobre las condiciones de los contenedores donde se ubican las oficinas de SERVILIMPCE, el posible proyecto de una incineradora de mascotas y los problemas de vandalismo en la Plaza Nicaragua. También se interesará por los incidentes en los centros de menores extranjeros ubicados en las naves del Tarajal.
Nadia Mohamed, portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), reclamará respuestas sobre el estado de abandono que sufre la barriada de Fuente Terrones y preguntará por la actualización pendiente de la nomenclatura de las calles de Ceuta.
Por su parte, Mohamed Mustafa, portavoz de Ceuta Ya!, llevará dos cuestiones al pleno: la primera sobre el convenio con Defensa para la devolución de parcelas ociosas a la Ciudad; la segunda, sobre la necesidad de implantar una aplicación que permita a proveedores y acreedores municipales consultar el estado de tramitación de sus facturas.
Una sesión en la que, previsiblemente, volverán a aflorar las diferencias entre Gobierno y oposición en torno a la política social, ambiental y de gestión de la Ciudad.