La Asamblea vivió un debate cargado de reproches a cuenta de la propuesta de Ceuta Ya! para estudiar la creación de supermercados públicos. El Gobierno rechazó la iniciativa por inviable y dañina para el comercio local, mientras Mustafa defendió que garantizar la alimentación es un derecho básico.
La iniciativa fue defendida por el líder de la formación autonomista, Mohamed Mustafa, quien argumentó que la alimentación debe ser considerada un derecho humano esencial y no una mercancía más sujeta a la especulación de los mercados. “Si la educación y la sanidad están garantizadas por los poderes públicos, la alimentación debe estarlo en los mismos términos y por las mismas razones”, afirmó desde la tribuna.
Mustafa vinculó directamente la propuesta con el empobrecimiento de miles de familias provocado, a su juicio, por el incremento “imparable” de los precios de la cesta de la compra. En este contexto, defendió que una red de supermercados públicos permitiría ofrecer alimentos frescos y saludables a precios justos, además de actuar como un elemento de presión para que las grandes cadenas moderaran sus precios.
“No estamos hablando de nacionalizar ni municipalizar nada”, subrayó, “sino de garantizar el acceso a un derecho básico y acabar con la caridad para pasar a hablar de derechos garantizados”.
El rechazo del Gobierno
La respuesta del Ejecutivo llegó de la mano del consejero de Turismo, Comercio, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, quien reconoció la preocupación por el aumento del coste de la vida, pero rechazó frontalmente la propuesta al considerarla económicamente inviable y perjudicial para el tejido comercial de la ciudad.
Según Cecchi, la creación de supermercados públicos supondría una carga significativa para las arcas municipales, desviando recursos que podrían destinarse a políticas sociales “más eficaces y sostenibles”. Además, advirtió de que esta medida podría generar distorsiones en el mercado, afectando especialmente a los pequeños comercios de barrio, que “no pueden competir con un establecimiento subvencionado con dinero público”.
“El comercio familiar es el corazón económico y social de Ceuta”, afirmó el consejero, alertando de que un supermercado público “podría acabar expulsando a los pequeños comerciantes del mercado, provocando cierres, pérdida de empleo y una desertización comercial irreversible”.
Cecchi también puso sobre la mesa posibles problemas jurídicos, aludiendo a la legislación española y europea en materia de libre competencia y ayudas de Estado, y defendió alternativas como ayudas directas a las familias vulnerables, acuerdos con empresas privadas y programas sociales ya en marcha, como el sistema de tarjetas de compra gestionado junto a Cruz Roja.
Un cruce de acusaciones
El debate se intensificó en el turno de réplica, donde Mustafa acusó al consejero de sostener un discurso de “dogma neoliberal” y de actuar con “hipocresía” al defender ahora a las tiendas de barrio cuando, según él, el Gobierno ha ignorado propuestas concretas para apoyarlas.
“El objetivo es claro: afectar a las grandes empresas del sector que se están enriqueciendo mientras la gente paga más por menos”, sostuvo Mustafa, calificando de “inmoral” la reducción del tamaño de los productos y el aumento de beneficios empresariales en plena crisis inflacionaria.
Por su parte, Cecchi insistió en que la intervención pública directa en el mercado alimentario podría derivar en desabastecimiento y salida de grandes operadores, como —según afirmó— ha ocurrido en otros países, y defendió que las rebajas fiscales y los programas sociales sí repercuten en el bolsillo de los ciudadanos.
Tras el debate, la propuesta de Ceuta Ya! fue sometida a votación y rechazada por 14 votos en contra y 5 a favor, poniendo fin a dicho punto del Pleno.
