Las quejas ciudadanas por la obligación de tirar alimentos a la basura en la frontera del Tarajal han vuelto a situar el foco en la normativa que regula la entrada de productos desde Marruecos. Vecinos denuncian que, tras realizar compras al otro lado de la frontera, se ven forzados a depositar en contenedores productos básicos como pan, huevos, pescado o fruta, una situación que califican de “injusta” y “desproporcionada”.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha reiterado su rechazo a esta situación y ha solicitado al nuevo delegado del Gobierno que adopte medidas para flexibilizar la Circular IM/1/2022, en vigor desde la reapertura de la frontera terrestre en 2022. La formación recuerda que ya llevó el pasado mes de septiembre al Pleno de la Asamblea una propuesta para estudiar la reformulación de dicha circular, con el objetivo de atenuar o ampliar los límites y cantidades máximas permitidas, equiparándolos a los establecidos en la normativa europea. La iniciativa fue rechazada por la mayoría de los grupos políticos.
Según defienden, la aplicación actual de la normativa convierte la frontera terrestre en “una especie de muro arbitrario” donde, aseguran, no se respeta plenamente el régimen de viajeros, ni existe reciprocidad con Marruecos ni coherencia en la interpretación legal y sanitaria.
Como ejemplo, exponen el caso de una familia que pase el día en el país vecino y regrese con una compra habitual de alimentos frescos y productos básicos. En el paso del Tarajal, indican, estos artículos acabarían en el contenedor. Sin embargo, en una situación similar en la línea marítima entre Tánger y Algeciras, los viajeros podrían conservar su compra sin problemas.
La diferencia radica en que los puertos de Algeciras y Tarifa están considerados espacio Schengen, por lo que se aplican reglamentos europeos como el Reglamento (UE) 2017/625 sobre controles oficiales en materia de alimentos y piensos, y el Reglamento (UE) 2019/2122, relativo a determinadas categorías de mercancías exentas de controles oficiales y al equipaje personal de los pasajeros. En cambio, en Ceuta y Melilla, al no formar parte del territorio Schengen, se aplica la citada circular estatal, que establece limitaciones con matices distintos.
Desde la formación localista denuncian que la frontera del Tarajal se esté convirtiendo en “un gran contenedor lleno de alimentos” y reclaman una revisión normativa que evite más perjuicios a la ciudadanía. A su juicio, vivir en un “limbo Schengen” no debería traducirse en una aplicación rígida y perjudicial de la normativa, sino en una gestión eficaz y proporcionada de los controles fronterizos.
