La crisis entre administraciones suscitada por la reclamación al Estado de los 7,2 millones de euros con los que se venían financiando la producción de agua y los servicios que la Ciudad presta en el entorno de la frontera tendrá efectos colaterales. La intención del Gobierno de Juan Vivas es la de condicionar el gasto público previsto para el próximo año a que Madrid haga efectivo el pago de las ayudas no abonadas.
Una de las partidas que se verá afectada por el órdago que los populares ceutíes han lanzado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez es el correspondiente a la financiación del área de embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar. Si el dinero reclamado no llega, la Ciudad dejará de aportar los 750.000 euros con los que sostiene los gastos de una infraestructura que se ha revelado esencial para garantizar la fluidez en el tráfico hacia la frontera.
El argumento de las autoridades municipales es el de que el mantenimiento de este servicio queda fuera de las competencias de la Ciudad.
En el caso de que, finalmente, no se hagan efectivos los 3,2 millones de euros con los que estaba dotado el convenio Estado-Ciudad para el control de flujos fronterizos los principales damnificados serán los trabajadores que prestan servicio en el área de embolsamiento. De hecho, UGT ya ha anunciado que si no tiene garantías sobre los puestos de trabajo llamará a la huelga a la plantilla el próximo día 20.
