El pasado 11 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta emitió una serie de providencias tras escuchar las declaraciones del presidente de la Gestora del PSOE de Ceuta, Melchor León, y la asesora del partido, M.A.M. La denuncia, presentada por M.A.M., está relacionada con un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197 del Código Penal, debido a la difusión en un chat del partido de un parte médico de incapacidad temporal que le afectaba personalmente. Este viernes, el juez citó en el juzgado a varios miembros de la Gestora y trabajadores del partido para tomar declaración y esclarecer los hechos, lo que permitirá decidir si procede archivar la causa o abrir un juicio oral.
Esta historia, que el Juez intenta esclarecer con las declaraciones de testigos y los propios interesados -demandante y demandado-, se remonta al mes de junio, cuando la asesora, un cargo de confianza, estaba siendo cuestionada dentro del organigrama de la Gestora de los socialistas de Ceuta por “pérdida de confianza”.
La Gestora se reunió por videoconferencia con un orden del día fijado y cuando se dispusieron a tratar el posible despido de la asesora, uno de los integrantes de la Gestora, Hikma Mohamed -que ya no forma parte de la Gestora- pidió “ver”, según fuentes cercanas al caso, el parte de baja de la asesora, y que han corroborado en sede judicial los citados por el Juez a declarar. Ese hecho es la base de la denuncia de M.A.M. contra el presidente de la Gestora, Melchor León .
La reunión de la Gestora se hizo por videoconferencia por lo que en las pantallas de todos los asistentes se pudo ver ese parte de baja. Un documento en el que no constaba la patología por la que se le había concedido la incapacidad temporal y que, por otra parte, estaba expedido a una trabajadora de la empresa municipal Amgevicesa y no del Grupo Parlamentario Socialista, como lo es la denunciante.
Ante el Juez, las personas a las que ha citado a declarar, han afirmado que fue la diputada socialista quien pidió “ver” dicho documento. Hikma Mohamed ha declarado ante el juez que fue quien hizo una captura de pantalla del momento en el que el documento de la baja por incapacidad temporal era mostrado, a petición suya, según los testigos en la reunión por videoconferencia de la Gestora. Además, la diputada del PSOE ha declarado ante el Juez que después hizo llegar a la demandante esa captura de pantalla. Unos hechos que ya había relatado la denunciante, M.A.M., en su declaración ante el Juez, el pasado 11 de octubre. El argumento de la asesora para emprender la denuncia se basaba en la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, pero quien pidió que ese documento se mostrase en la reunión telemática fue Hikma Mohamed.
Ahora, el Juez tendrá que determinar cuáles son las atribuciones de la Gestora que, según consta en la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE son “las funciones propias de la Comisión Ejecutiva Regional” con fecha de 22 de abril. Así, este órgano ejecutivo colegiado, que inicialmente estaba compuesto por siete miembros, está legitimado por Ferraz para la toma de decisiones, entre ellas contratar o despedir a personal del Grupo Parlamentario, que fue el origen de esta situación.
Desde la parte de la demandante, se argumenta que las competencias y potestades de la Gestora son las de un órgano de dirección provisional para preparar la convocatoria de un Congreso Regional Extraordinario, un argumento que se contradice con la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que otorgaba potestad de órgano ejecutivo colegiado con las mismas funciones que las de la Comisión Ejecutiva Regional.
Tras las declaraciones realizadas este viernes 31 de octubre, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta tendrá que tomar la decisión de archivar la causa o abrir juicio oral, una decisión que no se dará hasta finales del próximo mes. Cabe recordar que el Juez ya archivó el caso en primera instancia y que reabrió tras un recurso presentado por la defensa de la denunciante, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, por un defecto de forma en la resolución.
La trabajadora del Grupo Parlamentario Socialista en Ceuta también presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, denuncia que no se admitió a trámite.
