El pleno de la Asamblea ha aprobado hoy definitivamente una modificación de los Presupuestos Generales de la Ciudad por valor de 16,2 millones de euros. La propuesta de modificación de crédito ha sido contestada, una vez más, por los partidos de la oposición, que han planteado sus dudas técnicas sobre la confección del expediente y recriminado las prioridades de gasto defendidas por el Gobierno del PP.
El debate de las alegaciones presentadas por los grupos ha puesto de manifiesto las diferencias sobre la gestión del gasto que mantienen Gobierno y oposición.
El Gobierno ha desestimado todas y cada una de las enmiendas presentadas por Caballas, MDyC y Ciudadanos, excepción hecha de las formalizadas por el PP. Éstas contemplan partidas para financiar el traslado en helicóptero de los enfermos oncológicos que reciben tratamiento en Algeciras, incrementar los fondos para atender los premios a la jubilación de los funcionarios, dotar de más recursos a la financiación del convenio suscrito entre la Ciudad y la Universidad de Málaga para actuar sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados y atribuir a cada una de las consejerías competencias sobre la publicidad institucional.
El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha planteado su intervención como una enmienda a la totalidad de la gestión del Partido Popular. Aróstegui ha desacreditado las políticas del Gobierno frente al paro, el mantenimiento de los servicios sociales y la atención a las barriadas. “El PP es el partido de la desigualdad, y en Ceuta la desigualdad es una amenaza que pone en cuestión nuestro proyecto de futuro”, ha acusado el diputado, quien ha acusado a los populares de “despilfarrar” 12 de los 16,2 millones de euros contemplados en el expediente de modificación de crédito.
También crítica con las políticas sociales y de integración del Gobierno, la portavoz de MDyC, Fátima Hamed, ha defendido la decena de enmiendas que su grupo ha planteado al expediente de modificación de crédito llevado a pleno por la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani. Las propuestas de MDyC hacían referencia al impulso de un plan para la construcción de 450 viviendas protegidas, el incremento de la cuantía del ingreso mínimo de inserción social (IMIS) y del programa de alojamiento alternativo, entre otras solicitudes.
El diputado de Ciudadanos, Javier Varga, ha insistido en las incorrecciones legales en las que, a su juicio, incurre la modificación de los Presupuestos propuesta por el Gobierno. Varga ha aludido a deficiencias en la autenticación de la firma que ha de avalar el informe del interventor, documento que obligatoriamente ha de acompañar el expediente y al uso indebido de los remanentes de tesorería. “Consentir que ustedes hagan trampas en el juego del presupuesto es ser cómplice; no es la primera vez que señalamos defectos legales en la elaboración de unos presupuestos”, ha criticado Varga.
El PSOE no ha registrado ninguna alegación contra el expediente, aunque su diputado José María Mas ha llegado a mostrar sus dudas sobre la legalidad de la técnica de la elaboración del mismo.
Réplica de Chandiramani
La consejera Chandiramani ha mantenido un discurso firme contra los reproches de la oposición. La responsable de Economía y Hacienda ha defendido las iniciativas de gasto que su departamento ha planteado para el desarrollo del tejido económico de la ciudad y el fomento de la protección social.
Chandiramani ha mantenido que la política de vivienda del Gobierno se sostiene sobre iniciativas orientadas a la rehabilitación de viviendas y el refuerzo del programa de alojamiento alternativo.
En cuanto a las objeciones planteadas por la oposición acerca de presuntos incumplimientos de la legalidad en la redacción del expediente, la consejera ha negado las imputaciones formuladas, fundamentalmente, por el representante de Ciudadanos.
Una modificación de 16,2 millones
El Gobierno presenta las modificaciones introducidas en el Presupuesto como un modo de adaptar la gestión económica de la Ciudad a las necesidades surgidas en este primer trimestre del año. El documento incluye 2,4 millones de euros para acciones de promoción económica como la creación de planes de dinamización digital y mejora de la competitividad del comercio.
El expediente prevé un incremento de cinco millones de euros para “proyectos singulares” en las barriadas, entre lo que figuran la reforma integral de edificios, la adquisición de un local de la extinta Caja Madrid para la creación de un centro de mayores y la construcción de la eternamente pospuesta pista de atletismo.
La suscripción de un convenio con Cruz Roja para la atención de menores extranjeros y la financiación de los billetes de helicóptero para el traslado a la Península de enfermos oncológicos figuran bajo el epígrafe que el Gobierno ha titulado como gasto social.
La modificación presupuestaria incluye también la habilitación de créditos para afrontar el pago de 1,4 millones de euros en concepto de sentencias judiciales que condenan a la Ciudad y el abono de servicios básicos.
Finalmente, el documento consagra la modificación de la base 19 para la ejecución del presupuesto, que preveía la licitación de todos los contratos públicos de cuantía superior a los 500 euros.
