MDyC llevará a pleno el coste de la ITV en Ceuta

Desde el Movimiento alegan que «nos resulta absolutamente injusto que los ceutíes tengamos que pagar más por pasar la ITV»

ITV

La inspección técnica de vehículos (ITV) en Ceuta ha sido objeto de debate y crítica en repetidas ocasiones. El Movimiento, una formación política local, ha llevado este asunto a distintas sesiones plenarias, poniendo de manifiesto el descontento ciudadano ante el elevado coste de este servicio en comparación con otras regiones de España.

La principal queja radica en que Ceuta se posiciona como una de las ciudades con el servicio de ITV más caro del país. Esta situación se agrava al considerar que la actual concesionaria del servicio en Ceuta mantiene un monopolio, lo que ha llevado a incrementos anuales en el precio de la ITV. El Movimiento señala que, a pesar de las constantes quejas presentadas en la Asamblea, el ejecutivo local ha mostrado desinterés y desidia en abordar esta problemática.

Este año 2023, las tasas de la ITV experimentaron un aumento significativo del 7,3% en comparación con el año anterior. Este incremento, avalado por el área de medio ambiente del ejecutivo local, beneficia exclusivamente al concesionario, quien obtiene considerables ganancias por un servicio que es obligatorio para los ciudadanos.

Desde el Movimiento, se ha instado a revisar y adecuar las tarifas de la ITV, buscando un equilibrio que permita la continuidad empresarial sin ser abusivo para los ceutíes. La mayoría de los ciudadanos de Ceuta no tienen la opción de acudir a otras ITV fuera de la ciudad, lo que perpetúa una situación de monopolio que afecta directamente a sus bolsillos.

Por todo ello, el Movimiento busca interpelar al ejecutivo local, exigiendo respuestas y soluciones a este malestar ciudadano. Entre las propuestas se plantea la posibilidad de liberalizar el mercado, permitiendo que los ciudadanos tengan opciones y puedan elegir, rompiendo así el monopolio actual.

La formación política recalca la necesidad de actuar en beneficio de los ciudadanos, evitando que un servicio esencial se convierta en una carga económica desproporcionada para ellos.