La báscula, según fuentes consultadas por este periódico, sufre una avería desde el pasado mes de diciembre, por lo que en la actualidad no se pueden hacer los pesajes de las mercancías que entran en la ciudad por el puerto, con lo que esta medida de control no se está realizando en la actualidad. Esta situación puede tener una especial incidencia en la del Impuesto indirecto que grava el consumo, IPSI. Este periódico ha comprobado que esta mañana se ha comenzado a la reparación.
Según las fuentes, la báscula sufre una avería en una traviesa, fruto de un golpe recibido por un camión. El arreglo supondría, según las fuentes, una inversión de unos 5.000 euros, aunque hasta hoy no se ha hecho nada por parte de la Autoridad Portuaria para solucionar el problema y la báscula, pese a ser un elemento vital en la lucha contra el fraude, no funciona en la actualidad.
Las medidas para luchar contra el fraude existente se remontan a noviembre de 2014, el Gobierno de la ciudad autónoma instaló una oficina de control de mercancías en el puerto para luchar contra esta práctica. En aquella ocasión, el portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Emilio Carreira, explicó que la intención era reforzar los controles sobre las mercancías pero sobre todo en los fardos de ropa con destino Marruecos y parada técnica en los polígonos del Tarajal. En esta oficina van a trabajar de manera conjunta Agencia Tributaria, Aduanas, Policía Local, Guardia Civil e y Servicios Tributarios de la ciudad.
El pesaje de los vehículos de transporte con la mercancía era vital para ello, porque hasta entonces sucedía, según las fuentes consultadas, que se declaraba una cantidad de kilogramos que no se ajustaba a la realidad de la carga transportada. La maquinaria de la lucha contra el fraude se había puesto en marcha
Meses después, el Ejecutivo ofrecía los primeros resultados de las medidas puestas en marcha. Así, el 27 de febrero de 2015, Carreira hizo público que los servicios de control de mercancías establecidos por la Ciudad en el recinto portuario para combatir el fraude fiscal se habían traducido en un incremento de la recaudación de 100.000 euros en apenas dos meses, destacando la eficacia de los controles aleatorios practicados por los funcionarios. El consejero de Hacienda defendió entonces que el Estado tendría que aportar 100.000 euros menos en la liquidación de compensación del IPSI.
Pero el espaldarazo definitivo a este asunto llegó en marzo de 2015, cuando Los representantes de las administraciones del Estado y la Ciudad suscribieron un convenio de colaboración con el que se pretendía regularizar el tráfico de mercancías en Ceuta y combatir el fraude fiscal. Los firmantes definieron el acuerdo como un instrumento que permitiría la transformación del modelo comercial vigente hasta ese momento.
El compromiso de cooperación recogido en el citado convenio implicaba a los organismos concernidos de ambas administraciones: las consejerías de Gobernación, Economía, Fomento y Sanidad, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Autoridad Portuaria de Ceuta, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Jefatura de Tráfico, Aduanas, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado. El objetivo no era otro que la canalización y control de todo el ciclo de vida de las mercancías desde que ingresan en la ciudad hasta su expedición por los mayoristas y minoristas.
El convenio recogía actuaciones que incluían, entre otras, las operaciones relacionadas con el desembarco de la mercancía en el puerto, su transporte y almacenamiento y todo lo relacionado con su trasiego en el entorno del paso fronterizo.
Las autoridades locales dejaron claro en aquella ocasión, que el volumen de importaciones declaradas que ingresan en la ciudad anualmente ronda los 1.200 millones de euros, una cifra que se estima inferior al volumen real, cuya cuantificación escapa al control de las autoridades. La coordinación de los esfuerzos de las dos administraciones debería hacer aflorar un movimiento de mercancías ilícito que se traduciría en un incremento de la recaudación que todavía está por cifrar
Intensificación de los controles
Tanto el entonces delegado del Gobierno como el presidente de la Ciudad explicaron que en ese momento existían datos que hacían presumir un afloramiento significativo del dinero que actualmente escapa a los servicios tributarios. Entre estas cifras, ambos se refirieron a los 100.000 recaudados en apenas un mes y medio gracias a los controles en la zona portuaria, la reducción de la compensación al Estado en un 26% -alrededor de 12 millones de euros- y los datos que reflejan que 2014 fue, de toda la serie que arranca en 2001, el año de mejores resultados en lo referente a los beneficios obtenidos por las arcas públicas por la aplicación del IPSI. Como se puede comprobar por los datos, el control portuario se antoja fundamental.
Pero la medida del pesaje de las mercancías no gustó a todos, y así en noviembre de 2015 la Asociación de Transportistas de Ceuta se quejó del sistema de pesaje seguido en el puerto. Su vicepresidente argumentó que los pesajes de las mercancías en “la báscula persigue un afán recaudatorio”.
El directivo de la asociación explicó en aquella ocasión que “no solo se cobran las tasas de puerto sino que cobran por kilo de carga y no por el total de la misma. Además si al pesar comprueban que los kilos no coinciden con los dados por el transportista te sancionan”. Una medida que consideran injusta en tanto en cuanto “hay cargas muy difíciles de pesar y el transportistas no tiene por qué saber exactamente el peso que lleva y máxime cuando no hay báscula en Algeciras”. La asociación solicitó entonces un pesaje selectivo lo que evitaría las largas colas y que no se sancione si no se supera el peso máximo permitido de cada camión.
