Hace años que la situación irregular en que se encuentran los chalés que se ubican en el puerto requiere de una solución, unas viviendas de más de 1.000 metros cuadrados cuyos ocupantes fueron o son todavía altos cargos de la Autoridad Portuaria, que no sólo se ahorraban abonar agua, luz e IBI sino también las reformas que consideraban como instalaciones eléctricas y de fontanería, reparación de saneamientos, impermeabilización y arreglos de muros exteriores, trabajos de nueva cimentación y refuerzo del forjado, entre otras. El coste de estas obras corría por cuenta de la Autoridad Portuaria. En los años 2016 y 2017, por las reparaciones en chalés, una empresa llegó a facturar cerca de 500.000 euros.
A día de hoy, se puede decir que son dos las viviendas de funcionarios jubilados desocupadas (uno de ellos entregará la llave en los próximos días). Un tercero, el expresidente de la APC, José Torrado, lo hará antes de que finalice el año al obtener una moratoria de sesenta días a contar de este momento.
Con la llegada al Puerto del presidente Juan Manuel Doncel, se retoma la recuperación de los chalés después de una propuesta fallida presentada al Consejo de Administración por el anterior presidente, Rafael Rodríguez Valero, que quería tasar socialmente las viviendas para enajenarlas a un precio asequible para sus inquilinos. En aquella reunión unos optaron por la no enajenación y otros por la demolición.
También con Doncel se terminó de regularizar que los inquilinos pagarán luz, agua (con contadores individuales) e impuestos y no fuera el Puerto quien asumiera los gastos. Las reformas suntuosas que no tienen que ver con la habitabilidad tampoco se llevan ya a cabo. El actual presidente también se ha propuesto que ningún alto cargo del Puerto habite más un chalé. 
Lo que se busca ahora es que estas viviendas sean gestionadas mirando al interés general y al beneficio para el puerto, descartándose la habitabilidad en ninguno de los proyectos que tiene la APC para esas parcelas que pasarán a formar parte del activo del puerto. Se transformarán de manera que puedan rentabilizarse mediante actividades paralelas a los usos comerciales. La parcela se podría alquilar o vender, siempre que estuviera en consonancia con el desarrollo del puerto y la ciudad y obtener así una productividad que potencie el tejido económico de Ceuta. El objetivo que se ha marcado la Autoridad Portuaria es, entre otros, atraer inversiones de grandes operadores.
Una vista atrás y un requisito
En la reunión del consejo de administración de la APC del 12 de mayo de 1995, bajo la presidencia de Carmen Castreño, se alcanzó el acuerdo de “demolición de cada vivienda de la sección del muelle de España en el momento de su desocupación y afectación consiguiente de la parcela desocupada al dominio público portuario para ser explotada conforme a los bienes de tal naturaleza”.
Por otra parte, en los contratos de arrendamiento de estas viviendas se contempla que sus inquilinos tienen que abandonarlas una vez que dejen de estar al servicio de la Autoridad Portuaria.
Procedimiento flexible desde 2019
En primer lugar, la decisión de Juan Manuel Doncel fue notificar a dos de los inquilinos el desalojo voluntario al finalizar la relación contractual con el Puerto ya que estos funcionarios se habían jubilado. Este escrito se envió de nuevo con unos plazos dilatados en tiempo para ofrecer todas las garantías procedimentales y atendiendo a la situación de pandemia.
Al no haber respuesta, el siguiente paso fue una demanda en los juzgados (Primera Instancia e Instrucción) que dio como resultado una sentencia favorable al Puerto. Los inquilinos recurrieron pero la Audiencia Provincial ratificó el fallo. Se tenían que marchar. El inquilino de uno de los chalés ya se ha marchado y el segundo entregará las llaves en los próximos días tras la decisión judicial.
El tercer chalé que quedará libre será el que ocupa un expresidente de la APC, José Torrado. El mismo procedimiento se ha utilizado para el tercer y cuarto chalés, este último ocupado por una funcionaria jubilada, es decir, una petición de salida voluntaria. No hubo respuesta en ambos casos y la APC presentó las demandas correspondientes en el juzgado.
En el caso de José Torrado existe posteriormente un escrito solicitando una moratoria de sesenta días para entregar las llaves, pues se contempla en el procedimiento civil que las partes pueden recurrir a una negociación y/o mediación para solucionar el conflicto, con lo cual se espera que en dos meses el expresidente abandone la vivienda portuaria. Sobre la funcionaria jubilada que vive en el cuarto chalé el Puerto no tiene respuesta y la institución se plantea ir a juicio.
Otros dos chalés, el quinto y el sexto, que están en el punto de mira de la APC, están ocupados por inquilinos que se jubilarán en breve. Se seguirá con ellos el mismo procedimiento que en los cuatro casos anteriores. Serían entonces seis procedimientos de los diez previstos al tratarse de diez inmuebles.
Los otros cuatro están ocupados por altos cargos del Puerto que están en activo y todavía con algunos años por delante para alcanzar la jubilación. De momento, por tanto, será una decisión que se tendrán que plantear a la vista de las antecedentes judiciales que acaban dando la razón a la Autoridad Portuaria.
