La seguridad del recinto portuario es una de las prioridades que se ha marcado en nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Rodríguez Valero, quien aguarda a que la nueva delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, le convoque para estudiar la coordinación de los distintos cuerpos policiales en esta tarea.
Ésta, sin embargo, no es la única inquietud que ocupa al nuevo responsable del Puerto. Rodríguez Valero ha anunciado que se establecerán directrices para controlar las concesiones de propiedades de la Autoridad Portuaria, que, en todo caso, serán sometidas sistemáticamente a los informes jurídicos de la Abogacía del Estado. “La idea es que quien tiene la concesión ha de explotarla y si no, ha de dejarla –ha advertido el presidente del Puerto- No sé si jurídicamente podrá hacerse, pero ésa es la idea”. El tráfico de las concesiones portuarias ha sido objeto de controversias alimentadas por quienes apuntan a la comisión de irregularidades en el traspaso de las mismas.
Tasas
Rodríguez Valero no se ha mostrado partidario de la reducción de las tasas portuarias que reclaman las navieras, aunque ha reconocido que es un asunto que está pendiente de estudio. “Pero lo que está claro es que no podemos trabajar por debajo de nuestras responsabilidades”, ha explicado. El déficit de la Autoridad Portuaria el pasado año alcanzó 1.680.000 euros.
El presidente también ha revelado que se ha iniciado un estudio jurídico para determinar si la ocupación de las viviendas que la Autoridad Portuaria pone a disposición de algunos de sus trabajadores cumple con los requisitos legales. Rodríguez Valero no ha podido ocupar una de estas viviendas, lo que le ha obligado a buscar un piso de alquiler en el centro de la ciudad. “¿Irregularidades? Si supiera que las hay no habría encargado el informe”, ha respondido a la pregunta de un periodista.
