Puerto

Al no formalizar la fianza de dos millones de euros fijada en el auto

El Juzgado embarga al anterior presidente de la Autoridad Portuaria por el “caso Mahersa”

Torrado
photo_camera José Torrado, anterior presidente de la Autoridad Portuaria (C.A.)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha ordenado el embargo de bienes del anterior presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, al no formalizar la fianza de 2.076.582, 13 euros fijada en el auto emitido el pasado el 27 de abril de 2018 por el conocido como “Caso Mahersa”.

El anterior presidente del Puerto fue requerido por el Juzgado de Instrucción número cinco para la formalización de la fianza fijada, aunque la misma no se ha hecho efectiva. Es por ello que el Juzgado ha procedido el embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada, tal y como se ordenaba en el auto, según ha conocido Ceuta Actualidad de fuentes conocedoras del caso.

Tal y como publicó Ceuta Actualidad el 3 de mayo de 2018, el  titular del Juzgado de Instrucción número 5 decretó a través de un auto la apertura de juicio oral contra el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

El procedimiento judicial que sentará en el banquillo a Torrado se inició a raíz de una denuncia interpuesta en octubre de 2011 por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación en febrero de 2006 a Marina Hércules S.A. (Mahersa) de la concesión para su explotación de las instalaciones náutico deportivas del Puerto Deportivo de Ceuta. Esta causa fue sobreseida hasta en tres ocasiones por este mismo juzgado, aunque posteriormente la Audiencia Provincial ordenó su reapertura.

La Fiscalía solicita para Torrado cinco años de prisión y quince de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, además de interesar la restitución a la Autoridad Portuaria de 1.476.889 euros. La petición de la acusación particular por este mismo delito es de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante quince años y medio. También propone el pago a la institución de una indemnización de 1.557.436,60 euros.

Aparte de las penas solicitadas, el juez impuso a Torrado el pago de una fianza de 2.076.582,13 euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso, que al no haberse hecha efectiva ha provocado el embargo

Fiscalía y acusación particular también solicitan por el delito de prevaricación administrativa penas de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público que cifran, respectivamente, en doce y nueve años.

Comentarios