La Dirección General de la Marina Mercante ha suspendido oficialmente el procedimiento de licitación del contrato público para la gestión de la línea marítima entre Ceuta y Algeciras, considerado de interés público y valorado en 8,83 millones de euros. La decisión, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se basa en la detección de un “error material” en la documentación que acompañaba al expediente.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha optado por no adjudicar ni celebrar el contrato, que preveía una duración de dos años y debía garantizar cuatro rotaciones diarias por sentido, a bordo de buques ro-pax con una antigüedad inferior a diez años, capacidad para al menos 650 pasajeros y espacio para 100 vehículos. Además, se eliminaban los límites tarifarios para no residentes en temporada alta y se reservaba un 5% de las plazas para residentes hasta el momento del embarque.
El procedimiento, activado en agosto tras la autorización de una partida de 26,15 millones de euros para servicios marítimos en el periodo 2025-2027, queda anulado, dejando en el aire la continuidad del servicio, cuyo contrato actual con Balearia expiró el pasado 30 de junio.
La suspensión se produce en un contexto de creciente preocupación social y política. Diversas organizaciones han denunciado la posible omisión de bonificaciones para los ciudadanos ceutíes, lo que ha llevado a algunas formaciones a exigir una revisión urgente del procedimiento. Entre ellas, destaca la actuación del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta, que asegura haber influido en la decisión tras remitir un informe técnico a la Delegación del Gobierno tan solo tres días antes del anuncio oficial.
Ángel Lara, secretario general de CCOO en la ciudad, ha señalado que el documento recogía objeciones económicas clave como las tarifas máximas o la duración del contrato. El sindicato ha solicitado una reunión urgente con la delegada del Gobierno y mantiene una posición de cautela a la espera de que se publique una nueva versión de la licitación.
También desde el plano institucional se han elevado voces críticas. La vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fátima Hamed, envió recientemente una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que advertía del “deterioro progresivo” del servicio y de las consecuencias sociales que tendría la retirada de las bonificaciones: “Se están cerrando las pocas alternativas de conexión con el resto del país”, afirmaba en su escrito.
Antes de la paralización, la Marina Mercante ya había introducido ajustes en los criterios de puntuación del pliego, aunque sin alterar los elementos centrales del modelo tarifario. Paralelamente, el mercado ha sufrido cambios significativos, como la venta de activos de Armas Trasmediterránea a Balearia y DFDS Iberia, reduciendo la competencia potencial en la licitación.
La renuncia oficial al expediente se encuentra actualmente en trámite, y hasta que se publique un nuevo pliego, la principal vía marítima entre Ceuta y la península permanece en un limbo legal y operativo que genera incertidumbre tanto entre los usuarios como en el sector.
