El PSOE de Ceuta parece dispuesto a declarar la guerra a lo que su máximo responsable, Melchor León, califica de “subarriendos” en el frente tierra de la zona portuaria -todo el entorno de Cañonero Dato-. Y ha cargado con dureza contra la gestión de la Autoridad Portuaria en ese sentido a la que sigue reclamando que le facilite toda la información solicitada, hace ya un mes, a su representante en el Consejo de Administración, Sebastián Guerrero. A Guerrero le habrían dejado ver expedientes, pero no facilitado. En el Puerto se escudan en un escrito de la Abogacía del Estado que se habría atrevido a aseverar que ese representante en el Consejo de Administración en concreto -y extensible por tanto a los demás, también los sindicales- sólo tendrían derecho a poder consultar la información relativa a los asuntos tratados en los Consejos de Administración a los que acudieron. Eso a pesar de que según recoge el BOE del 31 de marzo de 2023 el reglamento del propio Consejo de Administración establece en su artículo 13 en el apartado f que los vocales del consejo tienen entre sus funciones la de “obtener la información precisa para el cumplimiento de las funciones asignadas”. Este aparente obstáculo creado por el propio Puerto para no permitir acceder a la información sobre las concesiones al PSOE, lo despacha el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, que niega la mayor: “Estuvo aquí varias veces y pudo consultar toda la información que quiso”. Y va un poco más allá al atajar de raíz una de las preocupaciones de los socialistas al asegurar:
El empresario que tiene concedida la explotación del estacionamiento de vehículos de la Estación Marítima “no va a hacer un centro comercial. No se contempla; y si quiere hacer algo tiene que venir al Consejo de Administración”, ha cerrado rotundo Doncel.
Contexto
Pero al PSOE no le preocupa sólo que escondido en una concesión para la explotación del parking pueda tratar de levantarse un centro comercial. Van un poco más allá y ponen la lupa sobre lo que entienden que es un negocio inmobiliario con terrenos públicos en la zona portuaria y quieren saber cuántos y cuáles de los concesionarios están explotando realmente su concesión y cuántos y en qué condiciones la tienen “subarrendada”.
Según la teoría de los socialistas, el Puerto estaría facilitando negocios suculentos con su suelo sin velar demasiado por la defensa de sus intereses y favoreciendo a un determinado número y grupo de empresarios que estarían sacando enormes plusvalías de ese suelo público en un modelo que por la descripción no dista mucho del pelotazo de toda la vida en el que una administración pone a disposición de un particular un suelo a bajo precio, para permitirle después venderlo por mucho más dinero -recalificación o no mediante-. Con el componente corrector que en este caso ninguna parcela cambia realmente de dueño, la titularidad sigue siendo pública, pero no su uso ni su explotación.
El ejemplo tipo es que una empresa acude a la Autoridad Portuaria a interesarse por una determinada parcela. Presenta un proyecto de explotación de la misma y pide al Puerto la concesión a 25 años. El puerto se la concede. Y pasado un tiempo -el mínimo legal actual es de un año si se cede y de dos años si se transmite- el adjudicatario de esa concesión portuaria busca a otra empresa que explote realmente el suelo para desarrollar una actividad. La práctica totalidad de la avenida Cañonero Dato en su lado sur y, si nada lo frena, probablemente, en los próximos años en su lado norte también, estaría aquejada de esta situación.
El Puerto cobra incluso su parte de esos “alquileres” mediante un gravamen, que según ha confirmado el propio Doncel estaría siendo el del mínimo que exige la Ley. El Puerto tiene discrecionalidad para cobrar a los concesionarios entre una cantidad mínima y una máxima y la actual dirección del Puerto estaría apostando por repercutir el gravamen mínimo por esos suelos respecto al alquiler. "Es potestativo", sentencia Doncel.
“No son subarriendos, son cesiones y todas pasan por el Consejo de Administración y el PSOE las vota también”, se ha defendido Doncel. En todo caso en la reunión de este viernes no estuvo Guerrero y sí el representante de la Delegación, Rafael García.
Pero ¿tiene mucho sentido que de forma mayoritaria los concesionarios del Puerto acaben cediendo ese suelo y cobrando por esa cesión (es a lo que León llama alquiler o subarriendo) a un tercero que es quien realmente explota la concesión de dominio público? ¿Cuántos de los concesionarios actuales del Puerto están explotando este “modelo” de negocio? A esta última pregunta ni el propio Doncel tiene respuesta:
“No te puedo decir: eso es todo Cañonero Dato o no es todo”. Aunque repreguntado por esta afirmación apunta a que “yo creo que no. No creo que haya ninguna concesión que esté explotando otra empresa distinta de la concesionaria que se haya perdido el Puerto. Todas tienen que pasar por el Consejo de Administración. Si alguien sabe de alguna que venga y lo diga”.
Doncel deja claro que si se cede la concesión y hay un alquiler dentro del negocio, el Puerto cobra su parte esa operación comercial: el gravamen mínimo potestativo citado antes. Pero hay otro punto más que también preocupa al PSOE de León y Guerrero. La proliferación del uso comercial en Cañonero Dato es tan golosa que algunos usos más asociados a la actividad portuaria como el de almacén para tránsitos portuarios estarían aspirando a reconvertir su actividad en comercial. Y se sospecha que también con cierta mirada laxa por parte de la propia Autoridad Portuaria y también favoreciendo a empresarios con un enorme tráfico de negocio con la Administración Pública del Partido Popular. También en el entorno del parking de la Estación Marítima que Doncel asegura que no será usado para convertirlo en un Centro Comercial.
El parking y el centro comercial
Y es que el manejo de los tiempos levanta también suspicacias. En el PSOE apuntan a que el adjudicatario del parking, que estaba obligado a realizar una serie de trabajos e inversiones, no ha cumplido con los plazos previstos y no habría realizado nada de lo que le exigía el concurso que ganó. Preocupa precisamente que esté acompasando sus tiempos a los negocios adyacentes a la parcela para finalmente convertir toda la zona en un centro comercial al uso con parking incluido que daría más servicio al complejo comercial que a la Estación Marítima. Según el propio León cuando han pedido cuentas al Puerto del incumplimiento de los plazos se han excusado en que las obras de la Estación Marítima no hacían aconsejable emprender la inversión prevista. “Pero no hay ninguna petición del Puerto por escrito que conste”, explica León.
El socialista no llega tan siquiera a preguntarse en alto algo que se hace también evidente, ¿si el Puerto no ve ahora aconsejable que el concesionario desarrolle su inversión por las obras en marcha, porque no planificó el concurso con otros tiempos para evitar esta situación?
Furibunda crítica al PSOE y a la Delegación
Doncel no entiende el malestar socialista e insiste en que al representante del PSOE en el Consejo de Administración “lo tengo por amigo”. Según su versión Guerrero fue hasta en tres ocasiones a requerir información sobre las concesiones y vino a recibir las puertas abiertas del Puerto para consultar lo que quisiera. Aunque no le dejaron llevarse un papel bajo el pretexto del escrito de la abogacía del Estado. “Se fue dando la mano y emplazándome a tomar una cerveza”, resume Doncel de la última visita de Guerrero.
Una de las excusas esgrimidas por el Puerto para dificultar el acceso a la información por parte del representante socialista en el Consejo de Administración del Puerto pasa por la Ley de Protección de Datos. En la tradición de la gestión de lo público es un lugar común usado cuando se quiere dificultar la labor de fiscalización de la gestión. No son demasiado diferentes los derechos de cualquier vocal de un consejo de administración sobre la información de cualquier empresa o entidad respecto a los del presidente. De lo contrario estaría tomando decisiones a ciegas y votando sobre situaciones que podrían acabar con el propio vocal en la cárcel. Hay un ejemplo paradigmático en los últimos años en este país: la Caja Madrid de Rodrigo Rato.
Tal vez por eso, Doncel no duda en pedir “al PSOE que se aclare. Porque su representante en la Ciudad dice una cosa y en Delegación, él o ella, otra. Había cuerdo con Delegación para impulsar el desarrollo comercial de la parte de tierra del Puerto”, afirma, parece, que con la foto de los cargos de Delegación en la última y flamante inauguración comercial en Cañonero Dato con un ex delegado y jefe de gabinete, Rafael García, a la cabeza, antes de pasar a carga contra las capacidades de los socialistas:
“SI el PSOE gestionara el Puerto lo haría infinitamente mejor que yo. Recuperaría todas las concesiones y las convertiría en talleres portuarios para que la gente fuera a comprar tornillos y lo llenaría todo de actividad asociada a las actividades portuarias”, ha ironizado.
La polémica sigue sin aclarar a la opinión pública y al interés general si se está facilitando e impulsando el enriquecimiento de algunas personas que estarían beneficiándose de concesiones portuarias de suelo público con la intención de realizar actividades más o menos industriales y portuarias para después alquilarlas mediante cesión de esa concesión de suelo público a un tercero y explotar la actividad comercial, cuyo valor y plusvalía es muy diferente de la actividad inicialmente prevista y contemplada. Y todo con el visto bueno de la actual Presidencia y Dirección del Puerto y según Doncel, también de la Delegación, o al menos de su representante en el Consejo de Administración.
