Así, el sindicato de Policía Local (SPL) FeSP-UGT reitera su rechazo frontal al supuesto acuerdo o protocolo de actuación que el Gobierno de la Ciudad pretende firmar con la Autoridad Portuaria.
El sindicato recuerda que un informe exhaustivo y perfectamente fundamentado de técnicos de la propia Ciudad dejan a las claras la falta de competencia de la Policía Local para actuar en zonas con competencia exclusiva de la Administración del Estado, con las consecuencias negativas que podría traer, como ya ha sucedido de hecho, para los agentes que actuaran en estas zonas, que han sufrido condenas judiciales por falta de competencia en sus actuaciones.
Critican la pobreza del nuevo informe cuya inconsistencia jurídica resulta altamente preocupante para justificar un documento que califican de bodrio que puede dejar a los pies de los caballos a los agentes que sean destinados a este futuro servicio.
A UGT le llama la atención la gran preocupación del presidente Vivas por el asunto del mantenimiento de los Menas (competencia de la Ciudad), preocupación que, desde luego, compartimos por insuficiente financiación, y luego pretenda regalarle a la Autoridad Portuaria, servicios de vigilancia de sus instalaciones, control de tráfico, a costa, en exclusiva del bolsillo de los ciudadanos de Ceuta, cuando tienen su propia Policía Portuaria, y los asuntos de seguridad ciudadana son competencia de Policía Nacional y Guardia Civil.
Lógicamente, explica el sindicato, estos servicios en la zona portuaria irían en detrimento, no solo del bolsillo de los ceutíes, sino de los servicios que se prestan en barriadas, y, en general, en todo el casco urbano, por lo que desde la UGT nos vamos a oponer “frontalmente a este disparate, que supone una invasión injustificada de competencias, una dilapidación de fondos públicos de la Ciudad en servicios que no les corresponden y una inseguridad jurídica totalmente inasumible para los Agentes de la Policía Local”.
En el supuesto de que el protocolo sea firmado pese a la oposición manifiesta de UT, el sindicato ha anunciado que recurrirá a los tribunales.
CC.OO
La sección sindical de CC.OO., por su parte, entiende que el protocolo carece de todo rigor jurídico, a tenor de lo que realmente implica la firma del mencionado documento, sin lugar a dudas la presencia de Policía Local de forma eventual o permanente, que precisamente la abogacía de la Ciudad y del Estado ya se habían pronunciado al respecto, y que de persistir y darlo por bueno de manera unilateral ordenando funciones a la Policía Local no contempladas en la legislación vigente, nos reservamos el derecho de emprender cuantas acciones considerásemos, no sin señalar a aquellos que obliguen al expreso cumplimiento del mismo, Consejería de Gobernación y Jefatura de Policía Local.
Un protocolo que obligará, en toda su extensión, a los agentes de Policía Local a ejercer una invasión de funciones de otros, y que a su vez va a suponer que la Consejería y la propia Jefatura, si así lo cumple, cometan una dejadez de las propias establecidas en la legislación vigente, no garantizando por ello la seguridad del tráfico en zona sí dependiente de la Administración Local, como es el casco urbano, y que sobran hechos ya probados para constatar que la Policía Local, en lugar de uso restringido y común de dominio público de Puertos del Estado, no tiene capacidad territorial, funcional ni incluso sancionadora, y que estos carecerían de la condición de agente de la autoridad.
En otro orden de cosas, un protocolo sin fecha de caducidad, y donde no se concreta el personal destinado al servicio en función de las características del mismo, sino que deja de forma subjetiva su presencia.
Si de lo que se trata es de la vigilancia tráfico, destacar que tanto la Policía Local como la Policía Portuaria tienen establecidas de forma clara y expresa cuáles son sus competencias en esta materia dentro del dominio al que pertenecen, sea Administración Local o Puertos del Estado respectivamente.
El protocolo, lo que trata de enmascarar persuasivamente, es una actuación directa de la Policía Local en zona portuaria, tomándose como referencia un aparente principio de coordinación, cooperación y colaboración recíproca y auxilio mutuo, poniendo en pugna las competencias que la Ciudad y sus agentes tienen atribuidas.
Se concluye por tanto, que la Policía Local solo puede ejercer sus competencias en el casco urbano de su municipio, y donde la justicia lo deja muy claro, donde se manifiesta, y reiteramos, que incluso se perdería el carácter de agente de la autoridad, teniendo que actuar como meros denunciantes.
Es por ello que pide dejar sin efecto en los términos descritos el protocolo, donde se disfraza y desfigura el referido principio, y donde supondrá la presencia de la Policía Local de forma eventual y/o permanente en zona de Puertos del Estado, por lo que nos reservamos el derecho de tomar las oportunas medidas legales en la forma en la que se establezca el servicio en el lugar de referencia.
CSIF
El CSIF opina que establecer un protocolo de actuación en zonas donde un agente de la Policía Local sólo puede actuar de oficio o en auxilio de la Guardia Civil y Policía Nacional, no protegerá jurídica ni patrimonialmente a los agentes de Policía Local ya que según la legislación no tienen competencias.
Desde la sección local de CSIF de Ceuta denunciamos que el documento que pretende firmar el Gobierno local no sólo no protege jurídica y patrimonialmente a los agentes de Policía Local si no que, además, subordina al cuerpo local ante la Autoridad Portuaria y además sobrepasa absolutamente la legislación estatal propia y de Puertos del Estado.
Por si fuera poco, prosigue la nota del sindicato, dicho documento se compone, como si fueran erratas dentro del texto, terminología incorrecta que no contempla la ley y asume competencias al cuerpo local que la propia Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye, a la Guardia Civil. Versa el documento de “término municipal” cuando la terminología que en realidad usa la normativa es “casco urbano”, algo que todo el mundo entiende, no es lo mismo.
Asunto más grave, si cabe, es que el protocolo marca la obligación de los agentes de Policía Local de trasladar los partes de intervenciones policiales a las dependencias de la Autoridad Portuaria, algo que entendiendo los datos que contiene son de carácter especial de protección de datos según la Ley 15/1999 de Protección de Datos y por tanto, seria contrario a la normativa.
Además, el Gobierno, según el CSIF, ha vendido públicamente otorgándole carácter de informe, a un email remitido por la Abogada del Estado tras una consulta, por email también, de la Autoridad Portuaria donde ella misma llega incluso a advertir que, “habida cuenta que se trata de un protocolo que no implica la asunción de ninguna obligación ex novo, si no una mera declaración de voluntad de coordinar competencias ya atribuidas por la normativa tanto a la Autoridad Portuaria como a la Policía Local”.
Desde CSIF "haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que el Gobierno no apruebe un documento que entendemos es contrario a la normativa poniendo en peligro de nuevo, a los futuros agentes que desarrollen allí sus funciones".
