Torrado, a su llegada a la sede de la Audiencia Provincial acompañado por la abogada del Estado (C.A.)
El proceso abierto contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta (APCE) José Torrado por la presunta comisión de sendos delitos de malversación y prevaricación ha quedado hoy visto para sentencia. Torrado se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de favorecer con sus decisiones a la empresa Marina de Hércules S.A. (Mahersa), concesionaria de la explotación del puerto deportivo, y causar con ello a la institución portuaria un quebranto económico que las acusaciones cifran en 1,4 millones de euros.
El expresidente, que ha estado representado en el proceso por la Abogacía del Estado, ha insistido en que todas las resoluciones adoptadas en relación a las condiciones de la gestión del puerto deportivo se atuvieron a la legislación vigente. "Tengo el pleno convencimiento de que siempre he defendido el interés general", ha asegurado ante el tribunal.
La fiscal, que solicita para el acusado cinco años de cárcel, quince de inhabilitación absoluta y diez de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo, ha sostenido, por el contrario, que Torrado adoptó resoluciones para las que carecía de competencia y que, además, tenían carácter “arbitrario”.
El Ministerio Fiscal considera que el expresidente modificó las condiciones del pliego de condiciones que regulaba la adjudicación de la concesión a Mahersa eludiendo el procedimiento legalmente establecido y con el propósito de beneficiar a la empresa.
En concreto, y según el relato del fiscal, Mahersa fue favorecida con un incremento del 10% al 13% del límite máximo contemplado en el pliego para la actualización de las tasas. Además, en el primer año de la explotación del puerto deportivo, la Autoridad Portuaria redujo el canon que debía abonar la empresa de 415.172,18 euros a 157.236,74. Unas decisiones que, a juicio de la Fiscalía, contribuyeron a “desdibujar el concurso completamente”. La Fiscalía reclama a Torrado que restituya los 1,4 millones de euros en los que ha cifrado el perjuicio económico ocasionado a la institución portuaria.
En la misma línea, la acusación particular, ejercida por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo, quien advierte en el expresidente una “voluntad decidida” de que Mahersa obtuviera la adjudicación de la concesión mediante un pliego “insostenible” cuyas condiciones, una vez otorgada la explotación a la empresa, acabaría siendo modificado en sus términos económicos. El letrado de la acusación particular ha solicitado seis años de prisión para el acusado.
Compensaciones
En su declaración ante el tribunal, Torrado ha defendido su competencia, discutida por las acusaciones, para tomar las decisiones que acabaron con una serie de compensaciones económicas a la empresa. La abogada del Estado ha justificado la formalización de estas operaciones en los perjuicios que supusieron para la empresa las limitaciones impuestas sobre las tasas cobradas a los usuarios. La letrada ha insistido en que estas compensaciones no pueden ser entendidas como una modificación de los términos de la concesión sino como un medio de pago para evitar que Mahersa se viera perjudicada por la rebaja de las tarifas a los usuarios.
La defensa de Torrado ha incidido en que fue la presión de los propios usuarios sobre la Autoridad Portuaria para no pagar tarifas –“emprendieron una batalla legal y sin sentido contra el sistema de gestión de los servicios del Puerto”- la que obligó a la institución a acometer una rebaja tarifaria que redujo los ingresos de la concesionaria.
El letrado de la acusación particular, por el contrario, ha mantenido que lo que la representación de Torrado ha presentado como una rebaja de tarifas era, en realidad, un incremento de los márgenes máximos para subirlas. A su juicio, los perjudicados en esta modificación de tasas y cánones fueron, en realidad, los usuarios de los servicios del puerto, y no Mahersa.
Antecedentes
Los hechos juzgados hoy se remontan al año 2006, fecha en la que se formaliza la adjudicación a Mahersa de la gestión del puerto deportivo conforme a un pliego de condiciones que, entre otras estipulaciones, fijaba la prohibición de incrementar por encima del 10% las tasas de atraque vigentes en ese momento. El pliego cuantificaba en 415.172,18 euros el canon que la adjudicataria debería abonar anualmente a la APCE.
Posteriormente, la Autoridad Portuaria autorizaba el incremento del 10% al 13% del límite máximo contemplado en el pliego para la actualización de las tasas. Además, en el primer año de la explotación del puerto deportivo, la APCE redujo el canon de los más de 415.000 euros inicialmente establecidos a 157.236,74.
Entre 2007 y 2012, el expresidente habría dictado resoluciones para avalar la rebaja de las tasas anuales que debía satisfacer el concesionario, lo que privó al Puerto de percibir cuantiosas cantidades de dinero: 92.346,65, en 2007; 182.519,45, en 2008; 240.665,21, en 2009; 235.593,12, en 2010; 240.717,12, en 2011; y 238.370,83, en 2012.
El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada en 2011 por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta contra el expresidente, el director de la institución, César López, y el jefe de la división de Explotación, José Miguel Morales. Durante estos ocho años, el proceso ha vivido hasta tres resoluciones judiciales que ordenaban su sobreseimento.
En 2016, el Juzgado de Instrucción número 5 ordenaba el sobreseimiento libre y total de las actuaciones.
Un recurso contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 en 2016 reactivaba el procedimiento al año siguiente. La Audiencia Provincial atendía en parte los argumentos de los denunciantes y, aunque mantenía el sobreseimiento para López y Morales, ordenaba la continuación de las actuaciones en el caso de José Torrado.
El procedimiento tuvo un notable impacto político que, finalmente, acabó con la trayectoria de Torrado de más de 20 años, repartidos entre dos etapas, al frente de la Autoridad Portuaria. El expresidente dimitía de su cargo en mayo del pasado año.
