Andalucía Acoge cuestiona la decisión del Gobierno español y marroquí de iniciar los trámites para un posible retorno de 23 menores marroquíes a su país de origen en virtud de un acuerdo bilateral de 2012 reactivado ahora. Desde la federación mostramos nuestra preocupación sobre si se están respetando todas las garantías en el proceso y si a estos menores se les están respetando sus derechos.
Con esta medida se está priorizando el control de los flujos migratorios frente a la protección de los menores, insistiendo en las posibilidades de repatriación en vez de mejorar las deficiencias palpables del Sistema de protección a la infancia en España.
Nos preocupa que el procedimiento cumpla realmente con la “legislación” y “jurisprudencia” de protección del menor, especialmente en el acceso a un abogado/a y a los servicios de interpretación, el derecho a ser oído teniendo en cuenta la opinión del menor en el proceso, cumpliendo con el Interés Superior del Menor.
La insistencia en querer repatriar menores de edad del Ejecutivo de Sánchez no hace más que alentar la criminalización que se viene sucediendo en los últimos meses hacia los propios menores. Esta decisión del Gobierno puede fomentar los discursos xenófobos dirigidos a una parte de la población especialmente vulnerable: los menores.
Los nulos esfuerzos que se han hecho desde las Administraciones, con competencias en protección de la infancia por mantener una comunicación con las familias de origen de los menores que residen en sus centros de protección y las escasas iniciativas de mediación familiar transnacional que se han realizado hasta ahora, nos hace cuestionar la efectividad real de garantizar la viabilidad del retorno en el proceso que ha reactivado el Gobierno.
En España se mantiene activas 12.330 denuncias por desapariciones, 9.737 corresponde a menores de edad. De ellas, al menos más de la mitad, 5.084, se deben a las fugas de menores migrantes de centros de acogida, mayoritariamente ubicados en Andalucía, según el último informe sobre personas desaparecidas del Ministerio del Interior. Además de encontrarse en la absoluta clandestinidad, los menores pueden caer fácilmente en redes de extorsión de diferente tipo, como denunciamos a mediados de este mes entorno al desmantelamiento de una red criminal que se hacían con menores de diversos centros de protección ubicados en Andalucía.
Es más que probable que de saberse la posibilidad de una repatriación, aumente el número de menores que huyan de los centros al considerarlos lugares inseguros con este planteamiento.
