Esas explicaciones que todos estamos esperando de algún portavoz de la Delegación del Gobierno no se producen. La institución gubernamental se limita a anunciar que consultará al Banco de España. Y mientras, comerciantes y ciudadanos se preguntan: ¿Qué ha cambiado en Ceuta para que los bancos hayan variado sus normas internas?. ¿Hay alguna investigación o proceso judicial en marcha que justifica las medidas adoptadas por las entidades financieras?.
Ceuta necesita una solución común que pasa por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y, por otra parte, la salida a una problemática del sector empresarial que ve en peligro la continuidad de los negocios, aportándole la tranquilidad que necesita. Es el momento de encontrar soluciones y no agravar el problema frente a un panorama tan sombrío.
El hecho de que Ceuta se vea abocada a vivir de un comercio irregular con el país vecino es un asunto que debe replantearse desde el Gobierno de la Nación. Todos sabemos que, tal y como está ahora, la frontera no ofrece alternativas y que llegados a este punto se debería abrir un abanico de posibilidades donde elegir la opción más favorable dentro de la legalidad para la economía de nuestra ciudad. No podemos permitir que el comercio, que está atravesando por una situación muy delicada, no tenga futuro.
Entendemos la indignación de los empresarios que se están viendo afectados por el modo de operar en estos últimos meses de las entidades financieras, pero también valoramos el objeto que persiguen las medidas preventivas de las que disponen estas entidades y que se han puesto en marcha por decisión de los responsables de control de riesgos de las empresas privadas.
Las explicaciones desde Delegación del Gobierno son necesarias en estos momentos. También una actuación firme y ponerse a trabajar sin pausa en la búsqueda de una solución satisfactoria para las partes afectadas que mire al desarrollo económico de Ceuta.
