La insultante precariedad con la que se gestiona la denominada “Educación Especial” en nuestra Ciudad, se ha convertido en, quizá, el problema educativo más grave en estos momentos. La administración pública competente (el Ministerio de Educación y Formación Profesional) no puede seguir haciendo el “Don Tancredo” en una actitud vergonzosamente irresponsable. Es difícil digerir tanta hipocresía (en ocasiones derivada en sarcasmo) cuando de manera tan reiterada se le ha hecho llegar un diagnóstico exacto y muy completo de la situación real y de los medios precisos para responder adecuadamente una demanda que no sólo es moralmente insoslayable, sino que se encuentra perfectamente contemplada en la legislación vigente.
Ante una realidad incontestable, la respuesta del Ministerio consistente en mostrar “extrañeza” ante un fenómeno “inexplicable” cómo es el elevado volumen de población escolar de estas características (más del doble que en otros territorios), solo se puede entender como una falta de respeto. La consecuencia directa de esta ausencia de compromiso (que en realidad es incumplimiento de sus obligaciones) es que las medidas adoptadas hasta ahora son vergonzosamente insuficientes. La apertura de ocho aulas especiales que albergan a 48 alumnos en total.
Para calibrar la insuficiencia de estas medidas, basta decir que sólo este año se han incorporado al sistema 42 alumnos con trastornos severos en el tramo de educación infantil. El MEFP pretende hacer creer al conjunto de la sociedad, y a las familias afectadas y al profesorado en particular, que es capaz de “vaciar el mar Mediterráneo con una cucharilla”.
Si hablamos de la dotación de personal que presta los servicios complementarios (cuidadores, asistentes educativos y fisioterapeutas) el comportamiento del Ministerio se podría calificar, sin temor a exagerar, como delictivo. Confiando en el recurso de dudosa legalidad que suponen los Planes de Empleo (por impedimento legal no pueden desarrollar funciones asignadas a los puestos estructurales de la administración), se niega rotundamente a dotar a los centros con las plantillas necesarias para atender correctamente a la población escolar afectada.
Es verdad que los Planes de Empleo salen “baratos” (gratis) para el Ministerio, Pero no solo es un uso indebido de este recurso, sino que, además, llega siempre tarde (en diciembre) y mal (son personas seleccionadas con criterios diferentes a los de idoneidad de las funciones que tienen que desempeñar). Alguien debería explicarle al Gobierno progresista que no parece lo más loable “ahorrar” dinero a costa de “estafar” a las familias de los alumnos con necesidades educativas especiales, y de la desesperación (no exenta de impotencia) del conjunto del profesorado.
Las consecuencias de este absoluto despropósito que incomprensiblemente se mantiene en el tiempo, las podemos resumir de este modo:
1º.- El alumnado no están atendido como se merece. No reciben el tratamiento individualizado que la ley exige durante las horas necesarias. Los casos de trastornos más severos no disponen de la atención continuada que sus necesidades demandan. El alumnado afectado no progresa en la medida que podría hacerlo si se contaran con los recursos adecuados. A las familias se les dice que sus hijos e hijas están atendidos; pero es una “verdad a medias”. Están, pero no como debieran. Es muy injusto. Estas personas necesitan que todos nos volquemos en su educación (incluyendo los Presupuestos Generales del Estado). La vida, ya de por sí, se lo ha puesto muy difícil.
2º.- El profesorado en su conjunto, y de manera muy especial, quienes atienden directamente a estos los alumnos y alumnas, está sometido a una tensión constante que resulta insoportable. Nadie puede ni imaginar lo difícil que resulta esta tarea sin contar con los medios necesarios. El profesorado intenta con un sobreesfuerzo inhumano (que sin duda pasa una considerable factura psicológica) suplir la falta de recursos. Pero es imposible. Esta situación genera estrés, impotencia, frustración hartazgo. No para los responsables ministeriales que sólo se relacionan con papeles, números, pantallas de ordenador.
3º.- El funcionamiento de los centros se resiente considerablemente, ante la necesidad se paliar con medidas funcionales y organizativas el caos que se produce con excesiva frecuencia por la clamorosa carencia de personal.
Así no podemos seguir. Es una ilegalidad inconcebible, una inmoralidad vergonzante y una injusticia insoportable perpetrada sobre el colectivo más vulnerable de la sociedad con la culpabilidad expresa del Ministerio; la inhibición de la administración local y la indiferencia del conjunto de la sociedad.
Ha llegado el momento de decir BASTA. Tenemos que levantar la voz por todos aquellos niños y niñas afectados que no pueden hacerlo por sí mismos. Y ahora es el momento. Se están discutiendo los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Aquí hay una prioridad política indiscutible: Atender como en justicia se merecen los niños y niñas que requieren procesos educativos específicos. Exigimos plantillas suficientes y estables (estimada en un aumento de 20 docentes y, al menos, 50 trabajadores encuadrados en el personal de servicios); gestionadas por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional de Ceuta (en aras a la agilidad y eficacia en la gestión de la selección, contratación y sustituciones del personal).
