Nadie ha querido recordar el mayor escándalo ocurrido en la ciudad. Lo cual, a menos de cien días de las elecciones que deben renovar el Ayuntamiento, no deja de tener una importante lectura política.
La detención el 15 de febrero de 2017 de miembros del Gobierno y de la oposición ha marcado –por más que unos y otros disimulen- esta legislatura. El Gobierno se desmoronó, al igual que lo hizo la unidad de actuación de los grupos de la oposición. El llamado caso EMVICESA, con más de cincuenta imputados a la espera de las penas que pida fiscalía, ha supuesto un terremoto institucional que el Gobierno trata de que se ignore aprovechando los intereses coincidentes de otros grupos.
Se vieron implicados dos consejeras del Partido Popular y un viceconsejero: el gerente de la sociedad municipal de la Vivienda, así como el todavía portavoz del grupo Caballas. También el PSOE estaba en la Comisión Local de la Vivienda pero “sólo” se le puede achacar pasividad, miopía y una tremenda irresponsabilidad ante lo que pasaba delante de sus ojos: ha quedado ya fuera del caso porque, según el auto, el PSOE "por no hacer, ni iba a las reuniones de la Comisión Local de la Vivienda".
Es así que, lo que podría constituir un demoledor discurso contra la corrupción instalada y tolerada, termina envuelto en paños calientes precisamente por parte de la izquierda. De nuevo, la única voz que se levanta es la de Ciudadanos porque consideramos prioritaria la regeneración política y algo vital para Ceuta.
Pocos recordarán que, en aquél febrero, el Gobierno decidió no celebrar los habituales plenos de fin de mes debido a las propuestas presentadas por Ciudadanos: porque fuimos los únicos que decidimos llevar a la Asamblea este asunto. En la primera propuesta solicitábamos la dimisión o cese de las consejeras y diputadas, algo que se produjo a los pocos días. Y con la segunda, solicitábamos que el Reglamento de la Asamblea contemplara la suspensión o pérdida de la condición de diputado cuando estuvieran implicados en delitos de corrupción. El PP fue el que rechazó esta posibilidad.
Curiosamente PP y Caballas compartieron durante un tiempo la misma estrategia de tratar de implicar como fuera a Ciudadanos en este turbio asunto. Y uno y otro lanzaron un “cállate” a nuestro diputado. Sr. Alí, estamos en condiciones de asegurar que ningún miembro de este partido está implicado en la corrupción que rodea las viviendas de protección oficial. ¿Y Ud.?.
El fraudulento listado de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar apareció a poco más de diez días de llegar nosotros a la Asamblea. Recordemos que los contratos estaban ya firmados por el representante del Gobierno y las llaves preparadas para su entrega. Cientos de personas esgrimían su derecho a ocupar una vivienda de la misma forma que se había hecho hasta ese momento.
La denuncia que hizo el Gobierno ante los juzgados fue contra esta lista, no contra la corrupción. Que no era su intención ir más allá y que este acto se les fue de las manos es evidente: quien fue encargada de hacerlo terminó imputada y el Gobierno trata ahora de abandonar discretamente su posición de acusación en el proceso.
Ciudadanos no ha dejado de considerar como intolerable cualquier tipo de corrupción en la vida pública, siendo una de nuestras prioridades y el principal instrumento para la regeneración política que pretendemos. El caso EMVICESA, el único que en nuestra ciudad ha tenido trascendencia judicial, debe marcar un punto de inflexión que permita renovar lo público así como la asunción de responsabilidades por quienes las tengan. La transparencia que exigimos es la mejor medida preventiva.
Ciudadanos ha reclamado reiteradamente información detallada sobre la gestión de EMVICESA durante los gobiernos del PP: quisimos conocer la situación actual del parque de VPO en cuanto a adjudicatarios y ocupantes, que se hiciera público el registro de adjudicatarios de las diversas promociones, pedimos una inspección encargada de controlar y exigir el cumplimiento de las condiciones previstas en la adjudicación… La gestión del PP sigue siendo tremendamente opaca en esta materia. La consigna es no mirar hacia atrás.
De hecho, tras el caso EMVICESA, el Gobierno sólo ha adoptado dos decisiones con trascendencia: paralizar la construcción de viviendas sociales y dejar sin actividad esta empresa municipal.
