La Fundación CERMI-Mujeres (FCM) ha reclamado este jueves un pacto de estado contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres, que cuente con la participación no solamente de todos los partidos políticos, sino también de las organizaciones de mujeres, incluyendo las que representan a las mujeres con discapacidad. El pacto debe, además, tener una dotación presupuestaria suficiente.
Así lo recoge el manifiesto que la FCM ha publicado con motivo de la conmemoración este viernes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que aplaude el primer paso que se ha dado en el Congreso de los Diputados para alcanzar un pacto de estado para luchar contra esta lacra.
Las organizaciones de mujeres de nuestro país llevamos años reivindicando la necesidad de equiparar esta forma de violencia con el terrorismo, puesto que es fruto de la inequidad que sigue caracterizando a la sociedad patriarcal y en la que las mujeres nos encontramos en situación de subordinación”.
A pesar de la invisibilidad en la que seguimos sumergidas las mujeres con discapacidad en este ámbito, los datos muestran que el porcentaje de mujeres con discapacidad acreditada que cada año mueren asesinadas por sus parejas o ex parejas asciende a un 13%, cifra presumiblemente mayor, si se tiene en cuenta que quedan fuera de la estadística aquellas mujeres que no tienen valorada oficialmente su discapacidad.
En todo caso, la FCM denuncia que no se conoce cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia de género, cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato, ni cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo.
Además, la entidad subraya que es necesario que el pacto de estado esté dotado presupuestariamente. “No se puede hacer política-ficción con la violencia de género. Hace falta impulsar mecanismos de coordinación, formación, campañas, implantación de recursos asistenciales, de orientación… Y todo esto se consigue con dinero”, explica la FCM.
Otras reivindicaciones
Por otra parte, la FCM resalta la importancia de incluir en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, otros tipos de violencias machistas, como pueden ser las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual o las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos, que deberían estar prohibidos en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas.
Impulsar protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista (los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia). Precisamente, en este punto, el movimiento asociativo de la discapacidad, y más concretamente las organizaciones de mujeres con discapacidad, pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental.
Garantizar la plena accesibilidad de todos los recursos, de la información y de la comunicación, incluidas las campañas de toma de conciencia, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, e impulsar las acciones de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los servicios sanitarios y sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad, son otras de las reivindicaciones.
La FCM también plantea incluir la variable de discapacidad en todos los registros oficiales sobre violencia de género y desarrollar una macroencuesta sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad para valorar las actuales medidas que existen para luchar contra esta lacra.
Por último, la entidad urge a desplegar una política dotada presupuestariamente de promoción de la autonomía personal dirigida a mujeres con discapacidad en el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, amén de establecer un programa estatal que contemple de manera integral los diferentes mandatos en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad contenidos en los diversos cuerpos normativos nacionales e internacionales.
